Italo Ferreira huía de la policía en el automóvil que acababa de robar en un barrio acomodado de Sao Paulo. La carrera duró hasta que un disparo en la cabeza lo mató. Tenía apenas diez años.

El caso ha conmocionado a parte de la sociedad brasileña y ha revelado sus fisuras: durante la reconstrucción del crimen celebrada este domingo, vecinos del barrio manifestaron su apoyo a los policías investigados, mientras otro grupo llegado de la periferia les gritaba “¡racistas asesinos!”.

Poco antes de morir, la noche del 2 de junio pasado, Italo saltó la pared de un condominio junto a un amigo de 11 años en el barrio de Morumbí, en el sur de la ciudad, para robar un vehículo, un Daihatsu del año 1998 en el que alcanzaron a huir unos 300 metros.

El tiro disparado por un policía motorizado, según peritos, entró en la cabeza de Italo por la región del ojo izquierdo.

La policía militar aseguró que el menor de 10 años estaba armado y había disparado varias veces desde el coche en movimiento, lo que dejó a los agentes sin más alternativa que también apretar el gatillo.

Ejecución

Pero el ombudsman (comisionado o representantes del pueblo) de la policía de Sao Paulo y funcionarios de Derechos Humanos aseguran que se trata de una homicidio más en una ciudad que exhibe brutales estadísticas de violencia policial.

“Hemos manifestado nuestra indignación por este caso. Para nosotros no es creíble que un niño de 10 años pueda conducir mientras va recibiendo tiros; usar un arma, abrir la ventana para disparar y volver a cerrarla“, comentó a la AFP el defensor del pueblo de la policía militar de Sao Paulo, Julio Fernandes Neves.

“Cuando Italo murió la ventana del coche estaba cerrada. Los policías dijeron que actuaron en legítima defensa. Había robado el vehículo, sí, pero aún en la posibilidad de que hubiera disparado no era para matarlo, sino para detenerlo”, insistió.

Hasta ahora las pericias preliminares señalaron que no hubo disparos desde dentro del auto, sólo desde fuera. El niño tenía rastros de pólvora en ambas manos, pero un guante que llevaba puesto no tenía indicios del explosivo.

Los peritos dijeron además que la escena del crimen fue alterada.

El amigo de 11 años que en principio había declarado a favor de la policía luego se desdijo, asegurando que los oficiales lo agredieron y amenazaron para que inculpara a Italo.

Este niño estuvo cinco horas a solas con la policía antes de esa primera declaración, un procedimiento irregular según expertos. La semana pasada, entró junto a su familia en el programa de protección a niños y adolescentes amenazados de muerte.

Las piezas del puzzle hasta ahora no calzan. Por ejemplo, no fueron encontradas marcas de los tres disparos que Italo habría hecho, según la versión de la policía.

Y la propia auditoría de la policía paulista abrió una investigación.

Para el abogado que sigue este caso Ariel de Castro Alves, integrante del Consejo Estatal de Derechos Humanos de Sao Paulo, “son evidentes los indicios de que la policía militar ejecutó a un niño”.

La secretaría de Seguridad Pública paulista, responsable por la policía militar y civil, se limitó a indicar a la AFP que el caso aún está bajo estudio.

“La conducta de los policías involucrados está siendo investigada y están alejados del trabajo operacional, cumpliendo funciones administrativas”, informó.

Jóvenes, pobres, negros

Italo había nacido hacía poco cuando su madre cayó presa por robo. Las mujeres de la favela de Piolho, en el sur de Sao Paulo, se turnaban para amamantarlo.

Este chico negro y pobre ya había sido encontrado abandonado, descalzo y pasando hambre, como consta en registros policiales. A sus 10 años acumulaba varios robos y hurtos, “pero nunca con violencia”, explicó De Castro Alves a la AFP.

Su caso no es ajeno al de muchos otros niños en este país de 204 millones de habitantes con enormes desigualdades sociales, pobreza y violencia urbana endémica.

Tampoco lo es a la luz de las estadísticas sobre violencia policial. Según la reconocida ONG Foro Brasileño de Seguridad Pública, la policía de los estados de Sao Paulo, Rio de Janeiro y Bahía son las que más matan en sus operaciones contra el crimen.

Expertos resaltan que esa violencia se ceba sobre todo con los habitantes pobres, jóvenes y negros de las periferias. Esos crímenes quedan en gran parte impunes.

Según el último anuario elaborado por el Foro, con datos de 2014, las fuerzas de seguridad brasileñas fueron responsables por al menos un 5,3% de los 58.559 homicidios cometidos ese año en todo el país.