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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El Gobierno presentará en octubre ante el Congreso el proyecto de negociación colectiva multinivel, otorgando más poder a los sindicatos en las empresas. Esto alarmó al mundo empresarial, quienes ven repercusiones negativas en crecimiento y empleo. El ministro del Trabajo defendió la propuesta.

El Gobierno confirmó que llevará en octubre al Congreso el proyecto de negociación colectiva multinivel (o negociación colectiva ramal) que -en términos generales- otorga más poder y voz a los sindicatos al interior de las empresas.

El anuncio por parte de Ejecutivo encendió de inmediato las alarmas en el mundo empresarial.

Por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas (Pymes) alertaron que si se concreta la iniciativa significaría “la muerte para el sector”; y la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánica (Asimet) advirtió efectos negativos en el crecimiento y el empleo “ante la insistencia de legislar sobre la negociación ramal”.

Eventual pugna por proyecto de negociación ramal

Frente a las críticas, el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, sostuvo que la propuesta responde a un compromiso del Gobierno con los trabajadores y con la modernización del sistema laboral.

Reconoció que la discusión legislativa estará “lejos de ser simple”.

En un comunicado, el gremio del Comercio Detallista y Turismo rechazó el proyecto de negociación ramal, asegurando que significaría su “muerte”.

No obstante, el presidente Gabriel Boric -en su última cuenta pública- comprometió esta iniciativa y ahora se confirmó que el proyecto de negociación multinivel ingresará en octubre al Congreso.

La discusión parece destinada al fracaso: ni los grandes empresarios agrupados en la Confederación de la Producción y Comercio (CPC) ni las Pymes están de acuerdo con avanzar en el debate que, aluden, se gestó de un acuerdo “bipartito” entre el Gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional, lamentó que una administración que se declaró en favor de las Mipymes, desconozca cuál es la realidad.

La CPC, en la misma línea, ha manifestado su rechazo a la negociación ramal desde que Jeannette Jara era ministra del Trabajo, bajo el argumento de que hoy “la agenda debe ser otra”.

Susana Jiménez, presidenta del gremio del gran empresariado chileno, sostuvo que este tema ni siquiera se tocó en la mesa tripartita que se compuso el lunes en Hacienda para discutir materias de empleo.

Fernando García, presidente de Asimet, refutó en un comunicado que el proyecto de negociación ramal “va en la dirección contraria a lo que el país requiere con urgencia, que es apuntar al crecimiento y a la creación de empleo formal y de calidad”.

“Resulta incomprensible que, en un contexto de alza de costos laborales, caída en la productividad y persistentes niveles de desempleo, el Gobierno insista en impulsar una reforma que, lejos de aportar al crecimiento económico, amenaza con frenarlo aún más”, sentenció.

¿Y qué respondió el ministro del Trabajo? Boccardo reiteró lo que ha dicho cada vez que se le pregunta por este tema: que el Gobierno desde su inicio ha tenido un “profundo compromiso” con la generación de empleo, pero que finalmente será el Congreso quien decida. Reconoció que la negociación que buscarán concretar no será fácil.

Las Pymes generan más del 50% del empleo nacional y representan al 98% de las empresas formalizadas.

La negociación ramal podría significar costos laborales, perdida de flexibilidad, riesgo de informalidad y cierre de empresas.