El Gobierno presentó reserva de constitucionalidad sobre el proyecto que busca autorizar a los municipios a comercializar gas licuado. En la Cámara diputados de oposición señalaron que es “urgente” incorporar a nuevos actores, mientras en el oficialismo pusieron en duda la capacidad de gestión de las y los alcaldes.

Por cerca de dos horas se extendió en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados la discusión del proyecto de ley refundido que pretende autorizar a los municipios a distribuir y comercializar gas licuado y aumentar la competencia en la industria.

Desde el Ejecutivo, sin embargo, advirtieron que podrían llevar el proyecto al Tribunal Constitucional, por tratar materias de iniciativa exclusiva del Presidente.

Así lo explicó la subsecretaria de Desarrollo Regional, María Paz Troncoso, quien además dio a conocer sus críticas a la iniciativa.

La Moneda ya presentó un proyecto que apunta a las recomendaciones de la Fiscalía Nacional Económica, pero mientras no se corrijan las distorsiones del mercado se hace necesario trabajar en la posibilidad de la intervención de los municipios, aseguró el diputado DC, Miguel Ángel Calisto,

En el oficialismo también son críticos y ponen en duda la capacidad de los municipios para una gestión eficiente de la distribución del combustible, tal como señalaron Ignacio Urrutia, del Partido Republicano y Jorge Alessandri, de la UDI.

La Sala de la Cámara votará este miércoles la idea de legislar el proyecto, para su posterior revisión artículo por artículo en las comisiones en caso de ser aprobado.