La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó ayer martes en general el proyecto para anular la Ley de Pesca, conocida coloquialmente como “Ley Longueira”, debido a la preponderancia que tuvo en la tramitación el entonces ministro de Economía.
El Gobierno, en tanto, indicó que acudirá al Tribunal Constitucional para que se declare inconstitucional la iniciativa.
Al respecto, la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) señaló que la eventual anulación de la Ley de Pesca “es un retroceso para el respeto a la institucionalidad vigente” y que se trata de “un nuevo paso en el ánimo del Parlamento de incorporarse atribuciones en su quehacer y que abre la puerta para, probablemente, hacer extensivas este tipo de iniciativas a otros sectores económicos”.
“(…) Esto es de la mayor gravedad”, dijo Macarena Cepeda Godoy, presidenta de la Asociación de Industriales Pesqueros.
La directiva comentó que hoy la actividad pesquera industrial está sosteniendo el empleo y los ingresos de miles de familias, empleando los servicios de “cientos de pequeñas y medianas empresas y recibiendo materia prima de una enorme cantidad de proveedores de la pesca artesanal”.
“Pero lo que hoy oímos en la Cámara de Diputados nos muestra que hay un profundo desconocimiento, derechamente falsedades y eslóganes que carecen de realidad”, añadió Asipes.
Cepeda lamentó mucho los argumentos planteados por los diputados respecto a la “supuesta sobreexplotación de recursos pesqueros industriales, la falta de acceso a los peces de parte del sector artesanal, la supuesta propiedad privada de los recursos del mar y las ventajas del sector industrial por sobre el artesanal”, dijo.
A su juicio, dichos argumentos “demuestran un total y completo desconocimiento de la realidad pesquera nacional”.
