La Sala aprobó en general el proyecto que busca anular la Ley de Pesca, conocida coloquialmente como “Ley Longueira” debido a la preponderancia que tuvo en la tramitación el entonces ministro de Economía.
Tal como ocurrió con el freno al segundo retiro de fondos previsionales, el Gobierno acudirá al Tribunal Constitucional para que se declara inconstitucional el proyecto que tramita el Congreso para anular la mencionada normativa.
Durante la discusión en Sala de este martes, previo a la votación, el subsecretario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, confirmó la reserva de constitucionalidad.
En su exposición, argumentó que “ni aún el órgano encargado de resguardar la validez de las leyes puede anular una ley, pues por mandato constitucional la sanción impuesta por el Tribunal Constitucional a una ley configura una invalidación“.
A renglón seguido, la autoridad de Gobierno hizo un llamado “a respetar el artículo séptimo de la Carta Fundamental que señala que ‘ninguna magistratura, ninguna persona, ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias como una supuesta ilegitimidad de origen de esta ley, otra autoridad o derechos que los que expresamente se le hayan conferido por la Constitución o las leyes”.
Ossa añadió que, en la actual Constitución, los parlamentarios “no tienen ningún poder anulatorio de leyes” por lo que “pretender cuestionar esto atenta contra la ley, la estabilidad y certeza jurídica que ampara el Estado de Derecho”.
En la misma línea, el subsecretario tildó de un “gravísimo precedente aprobar una ley que anula una anterior”, lo que podría devenir en “una verdadera corrida de leyes anulatorias que modificarían el Estado de Derecho además de cuestionar lo que durante años este Parlamento ha hecho por el país”.
Tras haber sido aprobado en general, el proyecto que busca anular la Ley 20.657 volvió a la Comisión de Constitución de la Cámara por haber sido objeto de indicaciones.
