El Gobierno se abrió a la posibilidad de que la Reforma Laboral entre en vigencia a contar del próximo año.

Si el Gobierno no logra “viabilizar” la Reforma Laboral en los siguientes 34 días, el proyecto entraría en vigencia a contar de 2017.

Así lo reconoció el ministro secretario general de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, al asegurar que “si nos demoramos más allá del 30 de junio queda para 2017”. Esto, debido al periodo de vacancia de seis meses establecido en la iniciativa.

Eyzaguirre también descartó diferencias entre los ministros de Trabajo y Hacienda, respecto a cómo destrabar la iniciativa, luego de que el Tribunal Constitucional impugnara la titularidad sindical y la extensión de beneficios por afiliación.

El ministro Valdés, respondió a algunos “titulares” de prensa -según dijo- en que se planteaba que La Moneda ya habría optado por un camino para viabilizar la Reforma Laboral, lo que no sería cierto.

Tras sostener un encuentro con la Confederación para la Producción y del Comercio, la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, -nuevamente- descartó dar detalles respecto a la eventual Ley Corta.

Sin embargo, Rincón insistió en que los pactos de adaptabilidad deben ser suscritos con los sindicatos, planteamiento que -hasta ahora- iría sin la titularidad sindical impugnada por el Tribunal Constitucional, por lo que -en caso de ser repuestos- podrían ser suscritos con grupos negociadores.

Respecto a este punto y, con la ministra del Trabajo a su lado, el presidente de la CPC, Alberto Salas, aseguró que el tema debe ser abordado “con un sentido de realidad” en el que también existe grupos negociadores.

Este “sinceramiento” del ministro Eyzaguirre de que la reforma podría entrar en vigencia el próximo año fue recibido con pesimismo en la CUT.

El vicepresidente de la multigremial, Nolberto Díaz, afirmó que “desde que Eyzaguirre llegó, todo ha empeorado”.

Lo único que públicamente han descartado los ministro del Trabajo y Hacienda es una Ley Interpretativa. Valdés desestimó recurrir a Tribunales externos y un posible “congelamiento” del proyecto.

Fuera de micrófono en La Moneda se desechó una reforma constitucional para “viabilizar” la titularidad sindical.

¿Qué alternativas van quedando? La Ley Corta, la que fue reconocida por Rincón como una de las opciones, y el ya presentado veto presidencial, decisión que -según reconocieron en la Nueva Mayoría- sería adoptada por la Presidenta en junio, sino, esto queda para el próximo año, porque dentro del próximo mes también debe ser discutido en el Congreso.