Durante una semana se ha extendido una paralización protagonizada por los estudiantes de la carrera de Sociología de la Universidad de Valparaíso, quienes exigen que la casa de estudios se pronuncie respecto de un presunto caso de acoso sexual de parte un profesor en contra de una estudiante.
El hecho fue denunciado por la estudiante el 2014. La joven acusó que uno de los profesores habría intentado seducirla y besarla sin su consentimiento, por lo que se inició un sumario interno y la fiscal a cargo responsabilizó al profesional de agresión sexual, decretando su destitución.
Sin embargo, la Junta Directiva de la Facultad -tras la apelación realizada por la defensa- determinó sólo suspender al académico por tres meses, considerando además el goce del 70% de su sueldo, a pesar del reconocimiento de una conducta indebida y la infracción del principio de probidad administrativa.
Ante una situación que ya se habría presentado en otras facultades, los estudiantes se mantienen paralizados y en estado de alerta. Además, se han generado diversas acciones de rechazo a una resolución tomada por un organismo “obsoleto y antidemocrático, al considerar el estatuto aprobado por los estamentos de la casa de estudio el 2012”, aseguró el vocero de la carrera.
Anteriormente se reportaron presuntas actitudes de fijaciones sexuales a compañeras y abuso de poder por parte del docente, según detalló el dirigente, quien manifestó la preocupación de los estudiantes por posibles represalias.
Al considerar que este caso se vivió anteriormente en la carrera de Historia, se planteó como una problemática -no sólo a nivel de universidad, sino del país- por parte del presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso, Carlos Vergara.
Además, el dirigente planteó la necesidad de un protocolo de denuncias y resolución en casos de acoso sexual en universidades e hizo un llamado a las autoridades a establecer las sanciones pertinentes.
Una posición similar fue planteada por el cuerpo docente, según explicó una de las académica de la carrera, María Angélica Cruz, quien aseguró que tras un claustro con los estudiantes se acordó pedir la cancelación de contrato del acusado.
En este caso, la Junta Directiva no consideró la configuración de un “acoso sexual”, dado que el hecho ocurrió fuera de la universidad. Sin embargo, Cruz aseguró que este tipo de hechos están ligados a una relación de poder y género regulada por patrones tradicionalistas en que no se entiende que las mujeres tienen derechos.
Un profesor debe tener en claro que “tomarse un café no implica una situación de iguales, ni tampoco implica una relación privada”, aseguró la docente.
La estudiante denunciante, Leslie Toledo, dijo a Radio Bío Bío que las agresiones sexuales y el abuso de poder están “totalmente naturalizados” en el espacio de la academia.
Asimismo, Toledo aseguró que incluso hubo personas en la facultad que trataron de acallar esta situación.
La joven -quien actualmente cursa su último año en la carrera tras congelar su proceso educativo mientras se desarrollaba el sumario- hizo un llamado a las autoridades a establecer un proyecto de ley que aborde este vacío legal en torno a la agresión sexual en instancias académicas.
Este lunes, los estudiantes decidirán respecto a si continúan o no paralizados, sin embargo, se mantendrán atentos al pronunciamiento de las autoridades universitarias respecto a la problemática. Además de establecer medidas para llevar sus inquietudes a instancias legislativas.
