La fiscal adjunta de Punta Arenas, Alejandra Guevara Mendoza, formalizó hoy, a Alan Marnell Díaz y a Cristian Brandstaster Fresard por el delito de estafa. Al primer imputado se le investiga por engañar a tres víctimas y al segundo por un millonario caso.

Durante la audiencia, la fiscal indicó que durante el año 2012, la primera víctima quien se encontraba pasando por diversos conflictos personales, contactó a través de una amiga a los imputados, quienes indicaron que tanto Marnell como un tercero apodado “José”, tenían poderes curadores, sosteniendo que había sido presa de brujerías y maleficios, y que además ella -junto a su familia directa- estaban en peligro, convenciéndola para hacerle tratamientos especiales, de alto costo, pero vitales.

Fue así como habrían realizado sanaciones a distancia a su sobrina, quien sufría una malformación de columna, indicándole que tenía que quedarse 3 días en cama y poner un vaso de agua en el velador.

Posteriormente, ya habiendo logrado la confianza de la víctima y enterados que ella tenía una sociedad, le ofrecieron hacerse parte de ella, como también le indicaron que el tercer sanador “José” estaba a punto de morir por un maleficio por lo que le pidieron $2 millones de pesos, suma que aumentó bajo engaño de que habían sido acusados injustamente por uso fraudulento de cheques robados, todo esto le acarreó a la víctima un perjuicio económico de aproximadamente $30 millones de pesos en total.

El mismo procedimiento realizó Marnell con la segunda víctima, con quien tomó contacto el 2013 leyéndole las cartas del tarot, mediante las cuales obtuvo información importante de su vida personal la que usó en beneficio para convencerla de que había heredado cáncer de sus padres y que la única forma de salvarse era mediante sanación a distancia a cambio de $1 millón de pesos.

La tercera víctima, llegó a Marnell angustiada y vulnerable producto de diversos intentos infructuosos por ser madre, convenciéndola el sujeto de que todo era por un maleficio por lo que le pidió $1.300.000 para sacárselo, dándole ella $600.000.

Luego de escuchar los hechos y a solicitud de la representante de la Fiscalía, el Juez Juan Enrique Olivares, fijó para los imputados las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercamiento o contacto alguno con las víctimas.