El Tribunal Supremo de la Unión Demócrata Independiente (UDI) resolvió no admitir la tramitación del reclamo presentado por uno de sus militantes en contra de los personeros involucrados en el caso Penta. La instancia argumentó que no se puede actuar de manera anticipada, ya que muchos hechos aún se investigan por la justicia.

Recordemos que el militante UDI, Alan Céspedes Medina, realizó un requerimiento ante el Tribunal Supremo en contra de Ena von Baer, Iván Moreira, Felipe de Mussy, Carlos Bombal, Jovino Novoa, Carlos Alberto Délano, entre otros. Esto, para que se apliquen sanciones, entre las cuales se encuentra su expulsión del partido por sus vinculaciones con el denominado Caso Penta.

En un documento, al cual Radio Bío Bío tuvo acceso, se señala que en “atención a la complejidad del caso y a la vigencia del principio de presunción de inocencia, no es posible establecer de forma concluyente una infracción por parte de los reclamados de los principios y estatutos del partido”.

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Esta resolución por parte del Tribunal Supremo se tomó el pasado 6 de abril, días antes del Consejo General de la UDI, instancia en donde se aprobó el voto político, que en uno de sus párrafos establece en relación a quienes están siendo investigados que “de haber responsabilidades políticas, son del partido en su conjunto“.

Fue también en ese consejo donde el ex senador investigado por el caso Penta y considerado uno de los “coronoles” del partido, Jovino Novoa, manifestó que “en la UDI jamás se va a sancionar a los que hayan trabajado por construir el partido</a>”.

Alán Céspedes, quien presentó el requerimiento, manifestó que es una vergüenza la resolución del Tribunal Supremo y que se está haciendo lo que dijo Novoa.

Cabe señalar que uno de los miembros del Tribunal Supremo de la UDI, Andrés Serrano -quien también votó en la resolución- es representante legal de la Corporación de Asuntos Públicos, entidad que es dueña de la casa de los senadores de la sede de la UDI en la Región Metropolitana. Esta empresa figura como una de las entidades que facturó a Soquimich por más de 131 millones de pesos, según indicó en uno de sus reportajes realizados por Ciper Chile.

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