El primer ministro francés, Manuel Valls, presentó este jueves una ley que refuerza los servicios de inteligencia para hacer frente a “la amenaza terrorista”.
El anuncio lo realizó a dos meses de los atentados al semanario “Charlie Hebdo” en París que causaron 17 muertos y al día siguiente del atentado al museo de Burdo de Túnez, en el que murieron 21 personas. “La amenaza terrorista está al más alto nivel. Ningún país está a salvo, ninguna sociedad está exenta”, aseguró.
El documento aprobado por el Consejo de Ministros será debatido en el Parlamento a partir del 13 de abril.
El proyecto apunta a dotar a los servicios de inteligencia franceses de medios suplementarios frente a las nuevas tecnologías. Podrán infiltrar y vigilar a potenciales autores de atentados con autorización administrativa simplemente, sin autorización de la justicia.
Podrán efectuar legalmente “intercepciones de seguridad” de contenidos de correos electrónicos y conversaciones telefónicas si éstos tienen una relación directa con la investigación.
El texto prevé asimismo el recurso a nuevas tecnologías para permitir a los agentes poner micrófonos, cámaras o dispositivos de localización donde lo consideren necesario. Podrán también captar en directo lo que se está escribiendo en un teclado de computadora.
Controversia
Las medidas que contempla fueron filtradas por la prensa en los últimos días y fueron objeto de críticas de organizaciones, que manifestaron su inquietud por el no respeto de las libertades individuales que podrían acarrear.
Pese al control anunciado por Valls, esas medidas causan preocupación. De hecho la Comisión Nacional de Informática y Libertades (Cnil) teme “medidas de vigilancia mucho más amplias e intrusivas” que la existentes.
Por su parte, la Liga de Derechos Humanos denunció una “lógica de pesca con traína” y un “sistema potencialmente liberticida”.
La Orden de Abogados de París manifestó también su inquietud ante un texto “realizado sin ninguna concertación previa con el mundo judicial”.
No será una “Patriot act” a la francesa
Frente a esas críticas, Valls aseguró que no se trata en absoluto de una “Patriot Act a la francesa”, en referencia a la ley adoptada en Estados Unidos después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
“Francia llevará siempre a cabo la guerra contra el terrorismo con la fuerza del derecho”, dijo.
La ley tiene “como principal objetivo dar a los servicios recursos a la altura de los retos que enfrenta nuestro país”, dijo el primer ministro.
Pero “será también protectora de los ciudadanos, ya que los límites de lo que es posible hacer en un Estado de derecho se fijarán rigurosamente. No habrá zonas grises” ni “ninguna vigilancia masiva”, sostuvo.
Valls argumentó la necesidad de vigilar más eficazmente los movimientos yihadistas, recalcando que en el país “1.900 individuos” están involucrados “en redes terroristas yihadistas”.
El gobierno afirma que esta ley no responde a la presión causada por los atentados de enero, y que es el fruto de un trabajo de varios meses.
Pero los atentados de enero aceleraron el proceso, según expertos, ya que permitieron ver las fallas de vigilancia.
La oposición de derecha aprueba hasta ahora las medidas. Su dirigente, el ex presidente Nicolas Sarkozy, afirmó el martes que su partido votaría en favor.
