Un jurado popular de Estados Unidos escuchaba el jueves los alegatos finales de un crucial proceso contra la Autoridad Palestina y la OLP por víctimas estadounidenses en ataques terroristas perpetrados en territorio de Israel.
Los demandantes del caso Mark Sokolow y otros vs Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y la Autoridad Palestina, presentado ante la justicia federal de Nueva York, reclaman una multimillonaria indemnización de parte de esas entidades.
Este jueves, los doce jurados (siete de ellos afroestadounidenses) escuchaban los alegatos finales de la acusación y la defensa en una audiencia presidida por el juez George Daniels, también afroestadounidense, en una audiencia en los tribunales del sur de Manhattan.
Los ataques tuvieron lugar entre 2001 y 2004, y en ellos murieron 33 personas y más de 390 resultaron heridos, entre ellos miembros de las 11 familias demandantes.
Según la acusación, la Autoridad Palestina y la OLP debe ser considerados responsables por brindar apoyo a los atentados llevados a cabo por miembros de Hamas y las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa, algunos de los cuales eran empleados en alguna de esas entidades.
De su lado, la defensa, que realizó su alegato final por la mañana, rechazó todos los cargos en contra, afirmando que “no es correcto responsabilizar al gobierno (palestino) por algunas personas que hicieron cosas locas y terribles”.
“Lo hicieron por sus propias razones”, señaló el letrado Mark Rochon, recordando que la Autoridad Palestina tenía “grandes impedimentos” para gobernar y controlar lo que sucedía en su jurisdicción en aquellos años.
Según la defensa, los demandantes presentaron “testimonios exagerados para mostrar a la Autoridad Palestina como algo malo”, incluyendo un exoficial de inteligencia israelí, y “un montón de evidencia genérica” pero ninguna “específica”.
“No hay evidencia terminante de que la cúpula de la Autoridad Palestina o la OLP estuvo involucrada en el planeamiento o la aprobación de actos de violencia específicos”, sostuvo, citando un informe de la época de las autoridades estadounidenses.
En caso de ser condenados, la Aautoridad Palestina y la OLP podrían tener que pagar cifras multimillonarias sin esperar el resultado de una apelación.
El gobierno palestino ya atraviesa graves dificultades financieras por el congelamiento de ciertos ingresos por parte de Israel.
El juicio tiene lugar además en el contexto de la adhesión de la Autoridad Palestina a la Corte Penal Internacional (CPI), una instancia a la que podría recurrir a partir del 1 de abril como querellante contra Israel por “crímenes de guerra”, sobre todo en la franja de Gaza.
