Padres de los 43 estudiantes presumiblemente masacrados en México solicitaron a la fiscalía que investigue la actuación de militares y policías federales la noche del brutal ataque contra los jóvenes en Iguala (sur), informaron este martes sus representantes.
“Hemos pedido líneas adicionales de investigación porque de acuerdo a testimonios de sobrevivientes ellos vieron participación activa de la policía federal y ejército”, indicó Vidulfo Rosales, abogado de los familiares, en una conferencia de prensa en la capital mexicana.
En un crimen que ha conmocionado al país, 43 estudiantes desaparecieron la noche del 26 de septiembre en Iguala (estado de Guerrero) al ser atacados por policías locales coludidos con sicarios del cártel Guerreros Unidos, al que supuestamente servía el alcalde.
La fiscalía cree que los jóvenes fueron después asesinados e incinerados por los narcotraficantes en un apartado basurero de la vecina localidad de Cocula, aunque sólo se han identificado los restos de uno de ellos.
Según testimonios de estudiantes que sobrevivieron al ataque, un grupo de militares estuvo esa noche en el hospital, al que llevaron a uno de los jóvenes heridos y luego puso retenes en carreteras de entrada a Iguala.
Otra vertiente es determinar la información de inteligencia que tenía el ejército sobre los vínculos entre las autoridades de Iguala y el crimen organizado, indicó Santiago Aguirre, otro de los abogados.
Vidulfo Rosales sostuvo que militares y policías federales supieron esa noche lo que ocurría en Iguala y omitieron actuar durante cinco horas claves para impedir “esta deleznable violación a los derechos humanos”.
El fiscal general, Jesús Murillo Karam, dijo en noviembre que el ejército no recibió órdenes de actuar esa noche. La 27a zona militar, un importante cuartel, está ubicada en una céntrica área de Iguala próxima a donde sucedieron los ataques.
Murillo Karam minimizó también la presencia de la policía federal, que en ese momento sólo tenía un pequeño destacamento en una caseta de peaje.
La conferencia se dio luego de un tenso fin de semana en Guerrero en el que 21 personas resultaron heridas en enfrentamientos de policías federales con maestros sindicalizados, familiares de los jóvenes y hombres encapuchados.
“Se avizora una salida violenta y represiva” al conflicto por los estudiantes, advirtió Rosales, a quien los servicios de inteligencia han vinculado, junto con otros activistas, a grupos guerrilleros, según fichas difundidas por medios locales.
Rosales señaló que el diálogo con altos funcionarios del gobierno se mantiene suspendido hasta que haya mejores condiciones para retomarlo.