Con desazón recibieron los rectores de las universidades privadas del Consejo de Rectores, las cifras del presupuesto 2015 para la educación superior, donde se establece un convenio marco nuevo para los planteles estatales de 34 mil millones de pesos.

El rector de la Universidad Católica de Valparaíso, calificó de discriminatoria la política del gobierno y se mostró desalentado.

Lo había dicho el gobierno y era parte de las exigencias que realizaron, una y otra vez, los rectores de las universidades públicas, en el sentido de recibir un trato preferente por parte del Estado, el cual llegó en el presupuesto 2015 que presentó el Ejecutivo.

Sin embargo, el Convenio Marco para las Universidades Estatales, cuyo ítem es nuevo respecto a otros presupuestos y que llega a los 34 mil 80 millones de pesos, no cayó nada de bien en los rectores de las universidades privadas que integran el Consejo de Rectores y que se agrupan en el denominado G 9.

Uno de ellos, es el rector de la Universidad de Valparaíso, Claudio Elortegui, quien se mostró desalentado por la política instaurada por el gobierno.

El rector de la Universidad de Talca, Álvaro Rojas, celebró la posición adoptada por el gobierno para los planteles estatales y volvió a cuestionar los vetos, que según él, algunos planteles privados realizaron a esta idea del Ejecutivo de fortalecer las universidades públicas.

Sin embargo, no sólo los mayores aportes para las universidades estatales causaron desazón en los rectores del G 9. También acusan una disminución en los Aportes Fiscales Directos, además de una merma significativas para los planteles regionales, como lo detalló el rector de la Universidad Católica del Maule, Diego Durán.

Otro de los ítems nuevos de este presupuesto para educación superior, el cual se incrementó en un 18 por ciento respecto de 2014, es la Internacionalización de Universidades, cuyo monto es de mil 648 millones de pesos, y que en la práctica sólo podrá ser asignado a las universidades Católica y de Chile, ya que en sus especificaciones establece que se otorgarán a las universidades que a 31 de diciembre de 2014 tengan el nivel más alto de acreditación, que es de 7 años, que posean al menos 10 programas de doctorados y que al menos el 75 por ciento de éstos este acreditados a la fechas antes señalada.