El juez que investiga por corrupción al yerno del rey de España, Iñaki Urdangarin, rechazó este jueves un recurso de éste y su esposa, la infanta Cristina, e insistió en investigar las declaraciones fiscales del matrimonio en el marco de este escándalo.
Cristina, de 47 años, hija menor de Juan Carlos I y séptima en la línea sucesoria al trono de España, había recurrido la decisión de incluir en el sumario sus declaraciones fiscales de los últimos 10 años. La defensa de Urdangarin, de 45 años, recurrió en el mismo sentido.
El juez José Castro, de Palma de Mallorca (islas Baleares), instruye desde 2011 un caso por presunta corrupción contra Urdangarin, exjugador de balonmano reconvertido en hombre de negocios, y su exsocio Diego Torres.
Ambos son sospechosos de haber malversado 6 millones de euros (unos 8 millones de dólares) de fondos públicos a través del instituto Nóos, una sociedad de mecenazgo deportivo que Urdangarin presidió entre 2004 y 2006 y de cuya junta directiva era vocal la infanta Cristina.
Cristina recibió un respiro el 7 de mayo cuando la audiencia de Palma evitó que fuese convocada a declarar como imputada en este escándalo que dañó fuertemente la imagen de la familia real española.
Pero el juez Castro advirtió que la hija del monarca puede tener que comparecer en otra rama del caso: la investigación por presunto fraude fiscal y blanqueo de dinero vinculada a Urdangarin.
En su decisión de este jueves, Castro acordó “desestimar los recursos de reforma presentados por las representaciones procesales de Iñaki Urdangarin y Cristina Federica de Borbón y Grecia contra el auto que oficiaba a la Agencia Tributaria para que aportara las 10 últimas declaraciones del impuesto sobre la renta”.
El tribunal precisó que “las declaraciones sobre el impuesto de la renta de Cristina de Borbón se han recibido, pero por el momento ni tan siquiera se han incorporado materialmente a la causa, a la espera de la toma de determinadas decisiones”.
El magistrado había afirmado la semana pasada que esperaba aclaraciones de las autoridades tributarias antes de decidir si prosigue con la investigación fiscal.
