A un acuerdo extrajudicial llegaron abogados de pescadores artesanales de Talcahuano con los de Enap, en la demanda por el pago de indemnizaciones a raíz de los daños que causó el derrame de petróleo en la bahía de San Vicente en 2007. El proceso, sin embargo, continuará su curso con las acciones legales de otros 3 mil pescadores.

Paralelamente con la causa penal, sobreseida en diciembre pasado por la justicia, tras el derrame de crudo 4 mil pescadores artesanales presentaron una serie de demandas en la búsqueda de indemnizaciones por los perjuicios que dejó la emergencia hace casi seis años.

Las acciones legales son tramitadas por la ministra de la Corte de Apelaciones de Concepción, Juana Godoy, quien este lunes dirigió una audiencia de conciliación entre las partes. Fue ahí donde se conoció el avenimiento entre Gorky Díaz, abogado de 1.300 pescadores, con la empresa Enap.

Aunque no se conoció de manera oficial el monto del acuerdo, trascendió que sería de unos 400 millones de pesos, es decir, un promedio de 300 mil pesos por cada demandante.

Radio Bío Bío intentó infructuosamente conversar con Díaz y sus asesora, Dorka Benavides, quienes se encontraban en Santiago. La estatal se limitó a enviar un comunicado, confirmando el avenimiento extrajudicial. Además informó que continuará las conversaciones con el resto de los pescadores y sus abogados.

Sobre este último aspecto, José Bidart, quien representa a un grupo de 40 pescadores, dijo que el único resultado concreto de la audiencia de conciliación fue una nueva reunión para regreso de vacaciones.

Otra de las abogadas presente en la audiencia con la ministra Godoy, fue Paula Villegas, en nombre de más de 100 pescadores de la caleta Llico. La jurista cuestionó el objetivo de la próxima reunión en marzo, porque deberían llegar con los antecedentes que prueban los daños respecto de los cuales se exige una indemnización.

En el comunicado enviado por la empresa estatal se sostuvo que las compañías de seguros y liquidadoras contratadas proseguirán las conversaciones con los restantes demandantes, evaluando sus pretensiones, siempre sobre la base de la demostración efectiva de los daños provocados por este incidente, aspecto justamente rechazado por la abogada Villegas.