Funcionarios y fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos solicitaron la renuncia al director del organismo, Julio Pereira, por el escándalo sobre la condonación de deudas a Johnson’s y el presunto vínculo de su director en el proceso.

Pereira fue citado al Parlamento por la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, para el miércoles de la próxima semana, a raíz del informe dado a conocer por Ciper Chile, donde se argumentan faltas graves a la probidad administrativa por parte del director del Servicio de Impuestos Internos y de su subdirector jurídico, Mario Vila, por el denominado “perdonazo a Johnson’s”.

En el documento se explica que tanto Pereira como Vila, ex funcionarios de la auditora de Johnson’s, PriceWaterhouseCoopers, tuvieron una participación activa en el proceso de condonación de multas e intereses tributarios a la firma.

En esa línea, el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del SII, Carlos Insunza, hizo un llamado a Pereira a dar un paso al costado y respondió al comunicado público emitido por el Servicio, donde señala que se “perseguirá y sancionará la filtración y publicación de antecedentes reservados”.

A las críticas también se sumó el presidente de la Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos, Juan Apablaza, quien acusó que a raíz del caso Jhonson’s, los fiscalizadores son constantemente increpados en su trabajo diario.

El presidente de la comisión investigadora de estos eventuales ilícitos, Fuad Chahín (DC), sostuvo que éste es un caso paradigmático, que refleja los constantes conflictos de interés del Gobierno. En esa línea, manifestó que a lo largo de todo este tiempo, Pereira ha ocultado información.

Chahín pidió efectuar un cambio legal para que el director del Servicio sea un funcionario de carrera, elegido por Alta Dirección Pública.

El diputado PPD, Tucapel Jiménez, sostuvo que evalúa llevar estos antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado:

Cabe consignar que el próximo lunes se reúne la comisión que investiga estas posibles irregularidades, instancia donde solicitarán una prórroga a los 60 días que tenían de plazo para definir responsabilidades.