Amnistía Internacional y organizaciones sociales reiteraron sus críticas a la denominada “Ley Hinzpeter”, en la víspera de ser votada este miércoles en la Cámara de Diputados.
La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados votará el miércoles el Proyecto de Ley de Resguardo del Orden Público, conocido como “Ley Hinzpeter”.
La iniciativa genera amplio rechazo entre organizaciones ciudadanas y humanitarias, que estiman que su único objetivo es criminalizar la protesta social, a partir de la masivas movilizaciones que se iniciaron el año pasado.
El presidente de Amnistía Internacional Chile, Hernán Vergara, dijo que la propuesta del Ejecutivo busca sancionar las manifestaciones en base a argumentos genéricos, sin precisar el tipo legal a defender.
Explicó que la figura “ desórdenes” queda al completo capricho y arbitrio de quien la aplica, afectando derechos constitucionales y humanos como la libertad de expresión, el derecho a reunión y la libertad de manifestarse públicamente.
El presidente de la Red de Acción Ecológica, Luis Mariano Rendón, estimó que la “ley Hinzpeter” incluso violaría algunas garantías constitucionales.
Cuestionó que -a su juicio- el gobierno, en lugar de buscar soluciones y respuestas a las demandas ciudadanas, insista en criminalizar las movilizaciones.
Para el presidente de la Confederación Nacional de la Salud Municipalizada, CONFUSAN, Esteban Maturana, el objetivo de la polémica iniciativa es meramente político porque el Estado cuenta con la normativa suificiente para el resguardo del orden público.
En protesta contra la Ley Hinzpeter, la CONFUSAM convocó para mañana miércoles a una jornada de movilización, que incluye el enlutamiento de los consultorios y asambleas informativas sobre este proyecto para los trabajadores del sector.
Los dirigentes precisaron que la manifestación no afectará al normal funcionamiento de los establecimientos de salud municipales.
