Un motín de policías de bajo rango que reclaman aumentos salariales en Bolivia, se extendió este viernes a unas 20 unidades y comandancias, con saqueos a dependencias a una cuadra del Palacio Presidencial, mientras el gobierno ofertó un aumento de sueldos.
Unos 300 policías, vestidos de civil y junto a un pequeño grupo de sus esposas, atacó la tarde del viernes la comandancia nacional en La Paz con piedras y palos, rompiendo vidrios, aunque sin dejar heridos, constató un periodista de la AFP.
En la mañana, el mismo grupo, aunque en menor cantidad, saqueó la Dirección Nacional de Inteligencia y el Tribunal Disciplinario, a una cuadra de la plaza de Armas, donde el mandatario Evo Morales tiene sus oficinas.
“¡Motín, motín, motín policial!”, gritaron los policías, quienes sacaron del lugar principalmente documentos, muebles, computadoras y hasta banderas y los quemaron en las afueras de las dos unidades policiales, observó la AFP.
El motín sobrepasó los 20 cuarteles y comandos policiales en las diez principales ciudades del país: La Paz, El Alto, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Tarija, Sucre, Trinidad y Cobija.
El comando de Cochabamba, en el centro del país, fue saqueado este viernes. Los uniformados ya habían tomado el jueves por la fuerza la Unidad Táctica de Operaciones Especiales (UTOP, antimotines), también a media cuadra de la plaza de Armas.
Durante los incidentes, el presidente Morales se encontraba en sus oficinas, informó temprano la dirección de comunicación presidencial, aunque sus puertas estaban cerradas y en su interior la seguridad está en manos de militares fuertemente armados.
Ante la gravedad de los hechos, el ministro de Interior, Carlos Romero, quien ejerce tuición sobre la policía, reveló que el gobierno aceptaba el pedido salarial de los uniformados, aunque llamó a un diálogo urgente para sellar un acuerdo.
“Se les ha comunicado a los policías que nosotros queremos efectivizar la decisión de lograr estos ingresos que percibe la Policía Nacional por concepto salarial que alcancen a los 2.000 bolivianos” (287 dólares), monto exigido por los policías disconformes, dijo Romero.
Los sublevados reclaman un salario mínimo de 2.000 bolivianos, casi un 70% más de lo que reciben, y también piden la jubilación con el 100% de sus salarios y la anulación de una ley que les prohíbe opinar públicamente.
Los dos últimos aspectos no fueron mencionados por el ministro Romero.
El líder del sindicato de sargentos y cabos, Edgar Ramos, dijo a la radio privada Erbol: “Tenemos una propuesta del gobierno que la hemos rechazado”, aunque aclaró que hará una consulta con las guarniciones rebeldes para tomar una posición oficial.
Mientras el conflicto avanza sin solución, las influyentes iglesia Católica y estatal Defensoría del Pueblo urgieron al gobierno y a policías sublevados a dialogar, sin posiciones radicales, para evitar situaciones de violencia.
“Nos preocupa la situación de indefensión en la que se encuentra la población, ante la ausencia de protección por parte de la institución policial”, dijo la estatal Defensoría del Pueblo, entidad encargada de velar por la vigencia de los Derechos Humanos.
Además, a raíz del repliegue de los policías, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN) instruyó este viernes el cierre de bancos en varias ciudades del país, dijo su presidente Marcelo Montero en una conferencia de prensa.
La situación era tensa en las cárceles de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, las más pobladas del país, donde los uniformados están en “emergencia”, aunque mantienen la vigilancia sobre los reos.
Los conflictos comenzaron el jueves, cuando unas 50 esposas de policías iniciaron una huelga de hambre, apoyando los reclamos de sus cónyuges. Las mujeres suspendieron luego la medida y se sumaron al motín.
