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El juez Garzón solicita al Tribunal Supremo la nulidad de su condena
Publicado por: Agencia AFP
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El juez espa√Īol Baltasar Garz√≥n solicit√≥ este mi√©rcoles al Tribunal Supremo que anule su decisi√≥n “arbitraria” de inhabilitarle de sus funciones durante 11 a√Īos por ordenar unas escuchas como pruebas en un caso de corrupci√≥n.

Garz√≥n argumenta en la solicitud que el Tribunal Supremo “ha violado de forma muy grave varios de los derechos fundamentales que tiene como todo ciudadano seg√ļn la Constituci√≥n, y su derecho a la independencia judicial”, recoge un comunicado del despacho de sus abogados, Amparo Legal.

El juez, mundialmente conocido, “tambi√©n sostiene firmemente en su demanda que la sentencia es arbitraria, irrazonable y manifiestamente injusta”, dice el comunicado, a√Īadiendo que Garz√≥n considera que la sentencia es “grav√≠simamente err√≥nea”.

El comunicado explica que los tribunales espa√Īoles desestiman la “inmensa mayor√≠a” de estas demandas de nulidad.

Si, como se prev√©, el Tribunal Supremo desestima la demanda de Garz√≥n, √©ste presentar√° “inmediatamente” una demanda de amparo constitucional ante el Tribunal Constitucional.

El Tribunal Supremo conden√≥ a Baltasar Garz√≥n el pasado 9 de febrero por abuso de poder y le inhabilit√≥ de sus funciones durante 11 a√Īos por haber ordenado la grabaci√≥n ilegal de conversaciones entre los sospechosos y sus abogados de la trama de corrupci√≥n conocida como “caso G√ľrtel”, que implic√≥ a altos cargos regionales del conservador Partido Popular, ahora en el Gobierno.

La condena puso así fin a la carrera de un juez que consiguió renombre internacional al ordenar la detención del exdictador chileno Augusto Pinochet en Londres en 1998, y por su lucha contra la organización separatista armada ETA y contra la red islamista Al Qaida.

Garz√≥n est√° a la espera de la sentencia de un segundo juicio, de mayor repercusi√≥n, por intentar investigar las desapariciones durante la Guerra Civil espa√Īola (1936-1939) y el franquismo (1939-1975), en el que se le acusa de ignorar una ley de Amnist√≠a de 1977.

Sus partidarios mantienen que ambos juicios, así como un tercer caso de presunta corrupción que el Tribunal Supremo archivó la semana pasada, son una estrategia política de sus enemigos.

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