Este miércoles el Consejo para la Transparencia realizará una audiencia para tratar el caso de un ciudadano ál cual se le negó el acceso a los correos electronicos institucionales del ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Larroulet. En esta instancia el organismo determinará si los correos institucionales de las entidades gubernamentales deben ser privados o públicos.
Todo comenzó cuando el 5 de septiembre de 2011, el ciudadano Juan José Soto – en conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado – recurrió al Consejo de Transparencia debido a que la Secretaría General de la Presidencia se negó entregarle los correos electrónicos del ministro Cristián Larroulet.
El ciudadano pidió acceder a los mails enviados y recibidos desde la cuenta de correo institucional del Ministro Secretario General de la Presidencia sobre materias propias del desempeño de sus funciones públicas, entre los días 18 y 21 de julio de 2011, y solicitando expresamente, excluir cualquier tipo de correo privado del Ministro Larroulet.
Juan José Soto aseguró que los correos electronicos suponen el reemplazo de las tradicionales formas de comunicación escrita entre funcionarios públicos, siendo los e-mails de cuentas institucionales pagadas por el Estado, y usadas por funcionarios contratados por este, escritos de carácter público, de interés ciudadano y parte esencial de la memoria institucional de un país.
Para aclarar esta controversia el Consejo para la Transparencia escuchará este miércoles – en una sesión pública – tanto al ciudadano y al representante del Ministro Cristián Larroulet por parte de la Secretaría General de la Presidencia. En esta instancia, el organismo determinará si los correos institucionales de las entidades gubernamentales deben ser privados o públicos.
Moisés Sánchez, miembro de la fundación Pro Acceso y abogado de Juan José Soto, desmintió las declaraciones del ministro Cristián Larroulet, donde aseguró que – tecnológicamente – un e-mail equivale a una llamada telefónica.
El abogado aseguró que el derecho a la protección de la vida privada no se ve amenazado por la entrega de dicha información, pues se pidieron sólo aquellos correos electrónicos que tratan temas relativos a la gestión pública, lo que es algo que se realiza en otros lugares del mundo, como Europa y Norteamerica.
El Gobierno interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional, defendiendo la inviolabilidad de las comunicaciones y el derecho a la privacidad.
