A casi ocho meses del mortal incendio ocurrido el año pasado en la Cárcel de San Miguel, el recién asumido ministro de Justicia, Teodoro Ribera, pudo constatar en terreno los avances registrados en ese recinto, tanto en materia de reconstrucción de los módulos quemados, como de nueva infraestructura, alimentación, seguridad, disminución del hacinamiento y condiciones de vida de los internos.

Además de reconocer el trabajo desplegado por el director de Gendarmería, Luis Masferrer, y el comandante del recinto penitenciario, el secretario de Estado destacó notables cambios, como mejoras en las instalaciones sanitarias; la distribución masiva de colchones, literas y frazadas; el aumento de las raciones de $910 a $1.500; la ampliación de los plazos de libertad vigilada, y la entrega de alimentación más una colación.

“Estamos comprometidos, personalmente y como Gobierno, de que las personas podrán estar privadas de libertad, pero no de su dignidad. Haremos un gran esfuerzo para que aumenten las condiciones de dignidad en las cárceles y también las de seguridad de los detenidos y de los gendarmes. Con ellos queremos implementar mejoras sustanciales en el corto y mediano plazo”, indicó la autoridad.

El titular de Justicia sostuvo que se tomarán como ejemplo a nivel nacional las medidas positivas que se han desarrollado en torno al hacinamiento en la cárcel de San Miguel, ya que la población penal se ha reducido de 1.900 a 1.500. Por otra parte, ha aumentado el personal de Gendarmería e incrementado la seguridad.

Para lograr esta disminución de los internos en San Miguel, el ministro aclaró que ha habido traslados, con un uso más racional de los recintos penitenciarios y una política mucho más cuidadosa de otorgamiento de beneficios, tendientes a lograr la reinserción de los detenidos.

Por otro lado, el secretario de Estado dijo que las principales tareas en materia carcelaria que abordará durante su gestión, será la construcción de cuatro centros modelo; la revisión de las medidas alternativas de cumplimiento de la pena; el incremento de la seguridad para los detenidos y para los gendarmes; el restablecimiento de condiciones de dignidad en los centros penitenciarios; la introducción del brazalete electrónico y otras de geo referencia; el impulso de una tercera Corte de Apelaciones para Santiago, y avanzar en una mayor autonomía financiera del Poder Judicial.