El fiscal Nacional Sabas Chahuán reconoció que el traspaso de las causas de la Justicia Militar a la civil podría implicar muchas “absoluciones”.
Además, se mostró preocupado por la alerta dada por la Federación Nacional del Ministerio Público respecto a la carga de trabajo que la modificación significa para los fiscales.
Tras la aprobación en el Congreso de la modificación al Código de Justicia Militar que enviará más de 6 mil causas desde la jurisdicción castrense a las fiscalías de Chile, encargadas de delitos civiles, los funcionarios del Ministerio Público se declararon en alerta evaluando las diversas situaciones que les afectan.
Si bien aseguran que entienden esta decisión del poder Ejecutivo y Legislativo como necesaria para hacer frente a la contingencia y encontrar solución al conflicto mapuche, asumen que les agrega una nueva responsabilidad y no se toma en cuenta el déficit de dotación que los afecta.
Natalia Césped, presidenta de la asociación, aseguró que es necesario revisar los proyectos que tienen que ver con mejoras de la institución a los que no se les ha dado el tratamiento requerido para enfrentar la nueva demanda.
Y pese a que los trabajadores aseguraron una buena recepción de parte del Fiscal Nacional Sabas Chahuán, aseguraron que no se les consultó el parecer y las condiciones en las que podrían dar respuesta a los requerimientos.
Al respecto, el propio Sabas Chahuán reconoció que como Ministerio Público están alerta tanto por los planteamientos de los fiscales como por las implicancias que conllevará el cambio por los tipos de prueba que presenta la Justicia Militar que podrían ser declaradas ilícitas en el nuevo sistema.
Respecto a los requerimientos de los fiscales, Chahuán dijo tener certeza de que están operando al límite de la capacidad de las fiscalías, que se han hecho gestiones para mantener los estándares de eficiencia pero que se requieren más funcionarios.
