Un plan del gobierno socialista de Ecuador para recortar la burocracia provocó una violenta rebelión de policías y militares, pero el presidente Rafael Correa advirtió que no dará marcha atrás porque el margen financiero se agotó.
Rafael Correa | Flickr de la Presidencia de Ecuador
Aduciendo que “no dan para más las sábanas”, el mandatario anunció el 4 de septiembre planes para reducir la nómina estatal como parte de una reestructuración de varias entidades.
Para 2010 el déficit fiscal de Ecuador se estima en 2.000 millones de dólares, mientras que en 2009 fue de 4.000 millones, según datos proporcionados a la AFP por el director del Observatorio Fiscal (privado), Jaime Carrera.
El proyecto de Correa fue instrumentado en parte con una ley aprobada el miércoles por el Congreso (de mayoría oficialista) para regular los beneficios a los burócratas, incluidos policías y militares, que en rechazo a la norma se sublevaron el jueves secuestrando a Correa en un hospital por doce horas.
La ley elimina las condecoraciones y fija un piso y techo a los salarios públicos, además de extender de cuatro a ocho horas la jornada de trabajo de médicos del sector, explicó a la AFP la diputada oficialista María Augusta Calle, miembro de la comisión de asuntos laborales del Parlamento.
“Necesitamos incrementar el número de médicos, enfermeras y maestros, pero en las oficinas tenemos un exceso de personal que no tiene prácticamente funciones. La idea es racionalizar, no botar a la gente”, añadió.
Según Carrera, en los últimos años se duplicaron los recursos destinados a salarios de burócratas, pasando de 3.000 millones de dólares en 2009 a 6.500 millones este año, en un país con altos subsidios, como por ejemplo en combustibles (2.000 millones de dólares anuales).
Añadió que a 2010 había 470.000 servidores públicos, un 40% del total de empleados formales del país, de los cuales 100.000 fueron puestos creados por el gobierno de Correa.
Para recortar la nómina el Ejecutivo planteó dos alternativas: pagar indemnizaciones por retiros voluntarios y despedir al personal que no supere una evaluación de competencias.
La ley prevé pagar en efectivo el 100% de la jubilación a los empleados que se reiteren a la edad máxima de 70 años (antes sin límite), y 50% a los demás, que recibirán el resto en bonos del Estado con un interés anual de 7% y podrán canjearlos después de un lustro.
Correa sostiene que la nueva norma evitará abusos de fondos públicos reflejados en bonos “espirituales”, sobresueldos y regalos navideños.
El Ejecutivo ecuatoriano proyecta además un recorte de personal en la estatal Petroecuador (con 6.417 empleados), responsable de 59% de la producción de crudo del país, el miembro más pequeño de la OPEP.
“Tenemos que empezar (…) a reestructurar ciertas instituciones públicas y tendrán que salir ciertos empleados”, dijo recientemente Correa.
