El Gobierno presentó una serie de modificaciones radicales a la forma en que se pretendía obtener dinero para los municipios en cuyo territorio se instalara una central eléctrica. Entre otras cosas, se pretende eliminar la particular forma escogida para que estas descontaran de sus impuestos sus millonarios pagos a las comunas.

Enero del año pasado, el gobierno de Michelle Bachelet presentó un proyecto de ley que pretendía que quienes instalaran centrales eléctricas entregaran recursos directamente a los municipios. Se trataba de nada menos que 270 UTM o 20 mil dólares por megawatt, gravámenenes aplicables a todas las centrales con una producción igual o superior a los 200 MW.

Sin embargo, algo que en la práctica significaba ingresos que comenzaban con un piso de 5 millones de dólares para los municipios, tenía oculto un acápite que hacía que estos millonarios aportes fueran pagados, en el fondo, por todos los chilenos: eran descontables de impuesto. Es decir, el dinero, de acuerdo a este proyecto, entraría por un lado y saldría por otro.

Los cambios que busca la actual administración pasan por eliminar este incentivo a quienes generen energía convencional, es decir, vía termo o hidroeléctricas, eliminando la opción de descontar sus aportes a través de impuestos. Sólo los proyectos con energías renovables no convencionales contarán con un crédito con cargo fiscal

La idea es mejorar también la distribución de los dineros que entregarán las centrales convencionales, dejando de lado el evidente conflicto de intereses que enfrentarían los alcaldes al tener que enfrentarse ante proyectos que les significarían millonarios recursos entregados de forma directa. Un dilema que despertó serias sospechas respecto a posibles apoyos locales a emblemáticos proyectos como Hidroaysén y otros como los de Penco que no llegaron a concretarse, por ello, se estudia entregar estos dineros a nivel provincial.

Cambios que, de prosperar, harán que los cerca de 20 millones de dólares que, por ejemplo generarían iniciativas como Santa María II y la ampliación de Bocamina en Coronel con sus 1000 MW de potencia combinados, salgan de las empresas y se repartan de manera más equitativa, sin tener que pagar por ello todos los chilenos.