La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) envió este lunes una carta al gobierno de Venezuela para manifestarle su “profunda preocupación” por el deterioro de la libertad de expresión por una serie de hechos acontecidos en ese país en los últimos días.
En la misiva, la CIDH citó como preocupantes la orden de captura contra el propietario de la televisora opositora Globovisión, Guillermo Zuloaga; la condena por injuria contra el veterano periodista Francisco Pérez; y un ataque con cocteles molotov contra la sede de la empresa periodística Cadena Capriles.
“Los espacios de debate público sobre las autoridades gubernamentales venezolanas se encuentran cada vez más reducidos, dado el uso de instrumentos como la justicia penal para silenciar las expresiones críticas o disidentes”, indicó la carta, firmada por la relatora para la libertad de expresión, Catalina Botero, y el comisionado de la CIDH para Venezuela, Paulo Pinheiro.
“Estos hechos son una muestra más del preocupante consenso entre las autoridades del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, en el sentido de que es legítimo silenciar a las personas críticas del gobierno a través del derecho penal”, afirmó la misiva, enviada a la Cancillería venezolana.
Caracas acusa a la CIDH de ser parcial y de estar prejuiciada en su contra.
La CIDH, ente independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), instó al gobierno del presidente Hugo Chávez a respetar la libertad de expresión y el debido proceso a Zuloaga y Pérez.
Un tribunal de Caracas emitió la orden de captura de Zuloaga y su hijo por el delito de usura por supuestamente almacenar irregularmente vehículos pertenecientes a concesionarios propiedad de la familia.
Por su parte, Pérez fue inahilitado política y profesionalmente por casi cuatro años por “ofensa” e “injuria” contra el alcalde oficialista de Valencia (norte), al que acusó de nepotismo.
En febrero, la CIDH emitió un informe donde denunció que el Estado de derecho se ha debilitado en Venezuela por la falta de separación de los poderes y hay “serias restricciones” a los derechos humanos.
