La iniciativa funde dos mociones parlamentarias y apunta a prohibir la difusión de encuestas 5 días antes de las elecciones y sanciona con multa a los medios que no informen quien las realizó, solicitó y financió.

Tras un animado debate en el que se analizó la función y el impacto mediático de las encuestas políticas durante los periodos preelectorales, la Sala de la Cámara de Diputados resolvió remitir a la Comisión de Gobierno Interior el proyecto que regula los sondeos y encuestas políticas.

El texto refunde sendas mociones presentadas por los diputados Pedro Araya y Alejandra Sepúlveda, y los ex diputados Eduardo Díaz; Alvaro Escobar; Jaime Mulet; Carlos Olivares y Esteban Valenzuela, en diciembre de 2008.

La iniciativa, en primer trámite constitucional, modifica la ley N° 18.700, sobre Votaciones Populares y Escrutinios, con el objeto de regular la difusión de estudios y encuestas o sondeos de opinión pública referidos a una elección o plebiscito, en los medios de comunicación.

El proyecto tiene quórum de Ley Orgánica Constitucional, es decir requiere para su aprobación el voto afirmativo de 69 diputados en ejercicio.

El proyecto agrega al artículo 30 de la citada ley, la prohibición de publicar o difundir, por cualquier medio, los resultados de encuestas o sondeos de opinión que tengan por objeto dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos, durante los cinco días previos a la jornada electoral y hasta las veinte horas del día en que ésta se efectúe.

Agrega, además, un artículo 31 ter, donde se estipula que la difusión de estos estudios en los medios de comunicación debe incluir los antecedentes de quién realizó, solicitó y financió el mismo, junto con datos sobre tipo y tamaño de la muestra, preguntas formuladas, período de realización, etc.

Asimismo, establece el acceso libre y gratuito a la totalidad del sondeo y fija una multa a beneficio municipal, de 20 a 100 UTM al medio y a su director responsable que infrinjan esta normativa.

En el debate, el diputado Jorge Burgos (DC) criticó el proyecto señalando que establece cortapisas a la libertad de información y opinó que encuestas como las realizadas por el CEP y el CERC son confiables y no constituyen elementos de propaganda electoral. A su turno, el diputado Enrique Estay (UDI) denunció que en algunos casos se usan las encuestas para manipular a la opinión pública y valoró el proyecto en cuanto aporta a la transparencia de los procesos electorales, aunque discrepó de la propuesta de sancionar a los medios.

El diputado Pepe Auth (PPD) sostuvo que las encuestas son un instrumento útil para auscultar la opinión ciudadana y opinó que en lugar de limitar su difusión lo que corresponde es establecer mecanismos de certificación de su calidad.

Por su parte, el diputado Lautaro Carmona (PC) se mostró partidario de extender el plazo de prohibición de los sondeos de cinco a quince días y también planteó la necesidad de una entidad pública que haga mediciones imparciales.