Los Alcaldes de comunas que se vieron afectadas por el maremoto de la Provincia de Concepción no ocultaron su molestia por la tardanzan en el pronunciamiento de la autoridad respecto de la conveniencia de volver a construir en las zonas arrasadas y qué pasará con los títulos de dominio, en su mayoría de pescadores.

El tema que más preocupa a los ediles es dilucidar cuanto ante la situación de cientos de familias que lo perdieron todo tras el cataclismo del 27 de febrero y más aún que pasará con su futuro laboral.

Leonidas Romero, alcalde de Coronel, indicó que la situación es en extremo compleja ya que antes de los tristes acontecimientos de hace 2 meses, se estaba conversando con Bienes Nacionales para el posible otorgamiento de títulos de dominios a trabajadores de diferentes caletas.

Ahora sin embargo el escenario cambió drásticamente, y ante el nulo acercamiento con la autoridad regional de la cartera, no sabe que pasará.

El edil minero agregó además que si los estudios encargados recomiendan el traslado de la población desde las zonas inundadas, esto puede ser doblemente catastrófico, ya que tienen muy malos recuerdos de los planes de reconversión laboral, muy cerca en la comuna de Lota y tras el cierre de las minas de carbón.

La visión de Romero es compartida por el alcalde de Talcahuano, Gastón Saavedra, quien dijo que la autoridad debe actuar con criterio antes de tomar una decisión definitiva, respecto del futuro del borde costero.

Ante esto, agregó que es casi imposible que los pescadores de la comuna sean removidos de donde han vivido por décadas.

De igual forma y ante la falta de información de las autoridades, indicó que “algo no está funcionando”.

En tanto Edilia Jaque, experta en cartografía y docente de la Universidad de Concepción, expresó que en vista de las actuales cotas tras el cataclismo, lo más recomendable es el traslado de la población, para lo cual se están haciendo diversos estudios que avalen su parecer.

Todos concordaron en que más allá de lo que arrojen los estudios, existe un componente laboral que debe ser considerado, mientras esperan el pronunciamiento de la Secretaría Regional de Bienes Nacionales.