El reciente terremoto y maremoto que azotó a la zona centro sur del país dejó al descubierto la compleja situación en la que se encuentran los propietarios de viviendas nuevas que resultaron dañadas, ello porque al momento de buscar responsabilidades es casi imposible dar con el paradero de las inmobiliarias o constructoras.
Pedro Muñoz | Senado.cl
Así lo señalaron los senadores Pedro Muñoz y Hosaín Sabag, quienes presentaron una moción para modificar la Ley General de Urbanismo y Construcciones y obligar a las personas naturales que componen las distintas empresas y sociedades a quedar individualizadas en las respectivas escrituras de compraventa.
De este modo, consideraron necesario incorporar en la ley una nueva precisión que obligue a individualizar, en el caso de las inmobiliarias y constructoras que sean personas jurídicas, no sólo a sus representantes legales, sino a las personas naturales que posean, directa o indirectamente, al menos el 10% de su propiedad.
Precisaron que en la actualidad, salvo en el caso de aquellas constructoras de mayor tamaño y más consolidadas, las restantes cambian de domicilio o se constituyen para el solo hecho de llevar adelante un proyecto determinado, lo que impide a los propietarios iniciar las gestiones y acciones legales pertinentes.
Los legisladores señalaron que pese a que nuestro país ha avanzado notablemente en transparencia en el ámbito público, “en el ámbito privado permanecen aún muchos ámbitos oscuros y poco claros en aspectos que inciden en el bien común y en los derechos de las personas, no debiendo, por tanto, quedar amparados en el secreto propio de la información confidencial”.
Los senadores Muñoz y Sabag agregaron que “los efectos de la catástrofe en diversas construcciones, algunas de reciente data, han ocasionado el evidente malestar de los propietarios, cuya inversión de largos años ha quedado inutilizable”.
Recordaron que en la actualidad “la Ley General de Urbanismo y Construcciones, solo obliga a incorporar en la escritura pública de compraventa la individualización de proyectistas y constructores, pero en casos graves, no se busca sólo la responsabilidad civil, sino también la penal de todos los involucrados en la obra, lo que puede exceder a tales profesionales y extenderse hacia los titulares de las inmobiliarias y constructoras”.
Puntualizaron que “dada la naturaleza jurídica de las inmobiliarias y constructoras, constituidas como sociedades se genera una suerte de anonimato que entorpece la persecución de dichas responsabilidades, más aún, cuando muchas pequeñas inmobiliarias y constructoras cambian de domicilio o, incluso, se constituyen para proyectos específicos”.
