La empresa francesa de telecomunicaciones Alcatel pagará una compensación de 10 millones de dólares a Costa Rica por haber sobornado a funcionarios, en un escándalo que le costó el cargo en 2004 al secretario general de la OEA, el ex presidente Miguel Angel Rodríguez, informó este jueves la Procuraduría General.
Alcatel Francia
La compañía logró un acuerdo con la Procuraduría General de Costa Rica, que representa judicialmente al Estado, para pagar 10 millones de dólares por el “daño social” causado por los sobornos, dijo a la AFP el procurador de Etica Pública, Gilbert Calderón, al confirmar un informe publicado por el diario La Nación.
Sin embargo, el arreglo no afecta al proceso penal que enfrentan 7 acusados costarricenses, entre ellos Rodríguez (1998-2002) y dos ex ejecutivos de Alcatel.
“Hemos llegado a un acuerdo donde la empresa Alcatel reconoce que dentro de su estructura existieron debilidades que permitieron que funcionarios de Alcatel otorgaran dádivas a funcionarios públicos costarricenses”, expresó Calderón.
“En virtud de ese reconocimiento nos darán una indemnización por poco más de 10 millones de dólares”, indicó, señalando que el monto acordado es de 5.669 millones de colones.
“Excluido Alcatel, la causa continúa contra los 7 otros involucrados en los hechos de corrupción”, dijo el procurador, quien expresó que el monto pagado por la compañía francesa en sobornos “anduvo por 7 millones de dólares”.
Un contrato entre el estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y Alcatel, por el suministro de 400.000 líneas de celulares, estuvo rodeado de escándalo e involucró a Rodríguez, que tuvo que renunciar a su cargo de secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2004, un mes después de haberlo asumido.
Al volver a Costa Rica desde Washington, Rodríguez bajó esposado del avión y quedó detenido, pero ahora está en libertad provisional.
El ICE, que además de generar electricidad opera el monopolio de las telecomunicaciones, rompió posteriormente el contrato con Alcatel, alegando fallas en las líneas, y exigió a la justicia costarricense el cobro de una multa de 60 millones de dólares a la empresa francesa. Este proceso sigue adelante.
