Con el compromiso de terminar con la municipalización de la educación pública y de excluir el financiamiento compartido, los senadores de la Concertación que integran la Comisión especializada del Senado suscribieron un protocolo de acuerdo con el Ejecutivo en el que manifiestan su intención de aprobar la idea de legislar sobre el proyecto de ley de fortalecimiento de la educación pública a la brevedad e introducir los cambios que permitan avanzar en esa línea.
En la oportunidad, los senadores Juan Pablo Letelier, Mariano Ruiz-Esquide y Ricardo Núñez, presidente e integrantes de la citada instancia, respectivamente; además de la Ministra de Educación, Mónica Jiménez y el Ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, firmaron el documento de cooperación mutua.
“Nuestro interés es en base a este protocolo con definiciones que, a nuestro juicio, eran necesarias para avanzar en una efectiva desmunicipalización y una nueva institucionalidad que permita avanzar a que la calidad de la educación no implique discriminación de acuerdo a la cuna ni a la comuna donde nacieron y que no dependa de los ingresos económicos de las familias”, aseveró el senador Letelier.
El legislador agregó que “nuestro compromiso es avanzar en aprobar la idea de legislar y hacer una invitación a todos los sectores del país a sumarse, en los hechos, a demostrar su compromiso con la educación pública”.
En tanto, la Ministra de Educación recalcó que “el Ejecutivo se compromete al estudio y análisis de las observaciones señaladas por los senadores y a presentar o patrocinar las indicaciones necesarias y pertinentes que reflejen el espíritu y los principios contenidos en el Mensaje presidencial”.
El protocolo suscrito señala que en relación con las corporaciones locales de educación pública propuestas, los senadores estiman pertinente modificar sustantivamente el carácter jurídico, la composición y las funciones que se le otorgan a dichas corporaciones.
En lo relativo a las funciones que deben desarrollar tales organismos, los senadores son partidarios de que respondan estrictamente a las normas y principios contenidos en la reciente reforma constitucional sobre gobierno y administración regional.
Asimismo, sostienen que “dada la naturaleza mixta del sistema educacional chileno reconocido expresamente en la Ley General de Educación, es necesario que el proyecto refleje un régimen de financiamiento diferenciado para el sistema público de propiedad del Estado o de sus órganos.
Finalmente, valoran el espíritu del proyecto “de excluir el financiamiento compartido en los establecimientos públicos de educación, señalando que tal espíritu debe consignarse clara y expresamente en el mismo”.
