La antropóloga argentina Miranda González Martín, la activista salvadoreña Teodora Vásquez y la feminista colombiana Magda Alberto relataron cómo fue abortar en sus países, en una región donde más del 97% de las mujeres conviven con leyes altamente restrictivas.
En América Latina es un extraño privilegio rehusarse a la maternidad a través de un aborto seguro, legal y gratuito; incluso en los países con legislaciones progresistas en materia de derechos sexuales y reproductivos como Uruguay o Cuba.
En las más conservadoras como El Salvador o Nicaragua interrumpir el embarazo es casi impensable. Sufrir un aborto espontáneo, involuntario y no deseado, se equipara a un homicidio agravado. Ni siquiera una violación merece la excepción en algunas naciones de la región.
France 24 recogió el testimonio de tres mujeres en distintas esquinas de América Latina provenientes de contextos rurales y académicos. Esta radiografía del aborto en la región se reconstruyó desde sus testimonios, que complementaron expertas de todo el continente.
El Salvador: “No pensé que llegaría a una cárcel a través de un embarazo”
Es un país sombrío en materia de derechos sexuales y reproductivos. “No es necesario que la mujer haya abortado, sino que parezca que se negó al mandato de la maternidad, que dejaron morir a su criatura o no la rescataron. Primero son acusadas por aborto y después la Fiscalía cambia el tipo de delito y las condena por homicidio agravado para condenarlas hasta a 50 años de cárcel”, relató Morena Herrera, defensora de derechos humanos salvadoreña.
Antes de 1998 estaba permitido abortar en caso de violación o si la salud del feto o de la mujer estaba en riesgo. Pero a partir de esa fecha se introdujo una de las legislaciones más duras contra la interrupción voluntaria del embarazo, que sentó las bases para la criminalización que viven las salvadoreñas en la actualidad.
Teodora Vásquez pasó diez años en Cárcel de Mujeres, en Ilopango. Antes de volverse una defensora a ultranza de los derechos femeninos, vivió en carne propia los efectos de la criminalización. “Así comenzó mi proceso”, nos cuenta.
Teodora tenía 23 años cuando entró a prisión y salió en 2017 por buena conducta. Hace parte del Grupo de las 17, organización que formó con mujeres con vivencias similares a la suya.
“Ahora tenemos la experiencia y las ganas de gritarle a El Salvador que se nos respete nuestro derecho a decidir por nuestros propios cuerpos, porque no quiero que en otra mujer se repita en mi historia”, dice.
Pero con Nayib Bukele en la Presidencia no hay grandes esperanzas. “Dijo que en su Gobierno no iban a asumir presunción de culpabilidad para las mujeres pobres que sufren abortos espontáneos. Pero sus prioridades en el cargo ahora son otras”, resumió la defesora de derechos humanos, Morena Herrera.
Argentina: “Mi aborto no fue por no poder mantenerlo. No quería una maternidad forzada”
Miranda González Martín tiene 40 años. Es antropóloga y trabaja como coordinadora pedagógica del equipo de Educación Sexual Integral de la Escuela de Maestros en el Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires. Estaba en sus 20, trabajando, cuando decidió, junto a su pareja de entonces, abortar: “Mi aborto no fue por no poder mantenerlo. No quería una maternidad forzada”, le dijo a France 24.
“Y yo siendo una mujer con recursos, con acompañamiento, tuve mucho miedo por mi vida, porque me mandaran presa… pero primero sentí culpa. Luego decidí buscar cómo lo hacía. Había clínicas que hacían legrados y me daba un miedo tremendo. Pero por la información que tenía pude conseguir un médico. Mi proceso fue medicamentoso y muy, muy doloroso”, recordó.
Cuando Miranda abortó, estaba completamente prohibido. Fue después de que el movimiento de los pañuelos verdes, que comenzó en 2005, se plantó en calle para exigir este derecho y que la Corte allanara el camino para lograr despenalizarlo en dos causales.
Pero aún queda un trabajo largo ligado a la despenalización social, que como en toda la región, tiene su raíz en la percepción de la mujer ligada a la maternidad. Deconstruir ese concepto es herir susceptibilidades en sociedades desiguales y profundamente católicas.
“Los acuerdos con el papa Francisco, que es argentino, tienen muchísimo peso en los políticos de aquí. Incluso hay provincias que impusieron un peso muy fuerte a sus senadores. Hubo algunos que tuvieron a sus familias amenazadas para no votar leyes contra el aborto”, dijo Miranda y agregó que el movimiento feminista en Argentina “descubrió que varios médicos que se presentaban como objetores de conciencia practicaban abortos en sus consultorios”.
“Empezamos a sacar esta hipocresía a la luz y a sacar del lugar de la vergüenza y la oscuridad el aborto para exigirle a los sistemas de salud cumplir con esto”, expuso.
Colombia: “A mi pareja y a mí no nos falló el método, nos falló el Estado”
En Colombia, donde cada gobierno ha leído el rechazo de la mayoría hacia el aborto, el único avance lo hizo la Corte Constitucional, que, en un fallo histórico en 2006, despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo por violación, inviabilidad del feto y riesgo para la mujer y el 1 de marzo de 2020 ratificó estas causales.
Magda Alberto, que abortó a los 30 años, explicó que por trabas burocráticas su esposo no se ha podido hacer la vasectomía. “Que por no tener hijos, por ser demasiado jóven”, por eso señaló que “a mi pareja y a mí no nos falló el método, nos falló el Estado”. Un Estado declarado laico pero profundamente conservador y religioso en la práctica.
Esta fue la primera vez que Magda se atrevió a contar que había abortado. Todavía no ha hablado abiertamente del tema con su familia. Ella no es religiosa pero resaltó el trabajo de la organización ‘Católicas por el derecho a decidir’ que “le están dando la tranquilidad a las mujeres creyentes de que pueden abortar, sentir placer y decidir sobre sus cuerpos sin ser menos relevantes espiritualmente”.
Brasil: “Con la llegada de un Gobierno autoritario, la situación del acceso al aborto está mucho peor”
“Las mujeres no mueren por abortar. Mueren por que es ilegal”, dijo la antropóloga brasileña Debora Diniz, fundadora de la organización feminista Anis Instituto de Bioética. Y las más vulnerables son las mujeres negras, menores de 14 años y residentes de la periferia del gigante latinoamericano, según la encuesta ‘Aborto en Brasil: ¿qué dicen los datos oficiales?’, realizada por investigadores del Departamento Municipal de Salud de Río de Janeiro, publicada el 21 de febrero.
Los registros se lograron al cruzar datos de 2006 a 2015, pues no tuvieron acceso a informaciones más recientes porque en Brasil no se llevan estadísticas rigurosas sobre el tema, según las mismas organizaciones. Uno de los datos más reveladores fue que en el periodo investigado se registraron 770 muertes de mujeres a causa del aborto.
En Brasil, un país con una marcada desigualdad, el aborto seguro queda a merced del estrato socioeconómico de la mujer. Y con la llegada del ultraconservador Jair Bolsonaro, una fuente dijo a France 24 que la “presión evangélica aumentó”.
“En Brasil como en Colombia hay algo muy fuerte y es la participación de la moral cristiana no solo como la práctica de poder sino como un valor para imponer barreras a las mujeres. Y con la llegada de un Gobierno autoritario, la situación del acceso al aborto está mucho peor. Hay cero presupuesto y no está en la agenda prioritaria de Bolsonaro”, señaló Diniz en diálogo con France 24.
Uruguay: “Muchas veces se hablaba de que estas cifras se iban a disparar”
Para las activistas latinoamericanas, Uruguay es una estrella que brilla en un firmamento de restricciones frente al aborto. Y a pesar de que tiene una de las legislaciones más avanzadas que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, existen muchas barreras de acceso para las mujeres.
“Hay que aclarar que lo que se hace con la ley es eximir en determinados casos hasta las 12 semanas y que las mujeres vayan a los servicios, si no van lo están haciendo en un contexto clandestino, pero la ley no nos garantiza el derecho a decidir completamente” explicó a France 24 María José Scaniello, de la organización Mujeres en el Horno.
De acuerdo con datos de salud pública de Uruguay, unas 9.000 mujeres abortan cada año de forma legal. “Es un promedio que se ha mantenido de 2012 en adelante y es interesante porque muchas veces se hablaba de que estas cifras se iban a disparar”, dice Scaniello.
Pero en la mayoría de países latinoamericanos se repite el mismo patrón: leyes restrictivas que tienen de base una sábana de partidos conservadores, impulsados por una fuerte presión de las iglesias que apelan a la moral social permeando a las instituciones y a las que toman las decisiones, en su gran mayoría hombres, para trabar el acceso a los procedimientos.
El Instituto Guttmacher encontró que América Latina cuenta con la mayor tasa de abortos (44 por cada 1.000 mujeres). Y hay quienes prefieren ignorarlos a la hora de abordar el sensible tema.
De fondo, el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre sus cuerpos es el quid de un debate que no pasa del umbral sobre qué se considera o no vida y desde cuándo. Por eso miles de mujeres trabajan para llevar la discusión al terreno de la autonomía femenina y la salud pública, especialmente en una región que las sigue condenando a morir en la clandestinidad.
