El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU expresó este miércoles su preocupación por las “irregularidades” que presenta el controvertido proyecto de carretera a través del parque nacional boliviano Isiboro Sécure, al que los indígenas de la zona se oponen desde hace más de una década.
En su tercer informe periódico sobre la situación socioeconómica de Bolivia, el comité instó al Estado boliviano a “adoptar medidas que garanticen la integridad del territorio indígena del parque nacional”, también conocido con el acrónimo de Tipnis.
En un marco más general, el comité, formado por 18 expertos independientes y que revisa periódicamente la situación de los países firmantes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pide que los pueblos indígenas sean consultados ante este tipo de proyectos.
“Al comité le preocupa que no se aplique de forma generalizada el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa en decisiones que les puedan afectar, incluyendo proyectos mineros, de hidrocarburos y de infraestructura”, destacó el texto, adoptado tras revisar la situación de Bolivia entre el 5 y 6 de octubre.
La carretera, uno de los proyectos más controvertidos iniciados por el gobierno de Evo Morales (2006-2019), busca unir los departamentos de Cochabamba (centro) y Beni (noreste), pero partiría en dos la reserva que hay en la frontera entre ambas divisiones administrativas.
En ese parque viven unos 14 mil indígenas de las etnias trinitaria-mojeña, yuracaré y chimán en comunidades dispersas, y en 2011 una marcha de estos indígenas hacia La Paz para protestar por este proyecto fue violentamente reprimida por la policía.
ONU reconoce mejor situación país, pero subraya los problemas
En general, el informe de la ONU reconoció mejoras sociales de Bolivia en torno a cuestiones como la reducción de la pobreza o la desigualdad, aunque todavía ve la necesidad de proteger mejor a colectivos discriminados como los indígenas, las mujeres, los migrantes o las personas LGBTI, entre otros.
Por ejemplo, en el caso de la educación, el comité reconoció que Bolivia ha avanzado en la adopción de currículos educativos regionales para los indígenas, aunque algunos de ellos todavía no se han beneficiado de estas políticas, como los pueblos joaquiniano, cayubaba o itonama.
Sobre otros asuntos, el comité expresó su preocupación por las “evidencias de falta de independencia y autonomía del Poder Judicial y el Ministerio Público” en la investigación de posibles violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante las protestas de 2019, que forzaron la dimisión y salida del país de Morales.
El órgano de la ONU también mostró dudas por las condiciones de seguridad de los defensores de Derechos Humanos, y cree que la Defensoría del Pueblo de Bolivia en ocasiones es obstaculizada en el desarrollo de sus funciones.
En materia fiscal, el comité señaló que, dado que la desigualdad social sigue siendo alta pese a los avances en la reducción de la pobreza, debe adoptarse un sistema tributario más progresivo, con un menor peso de los impuestos indirectos.
Sobre el colectivo LGBTI, el comité aplaudió la resolución constitucional que en 2020 permitió el registro de la primera unión libre de una pareja del mismo sexo, pero al mismo tiempo expresó su preocupación que a otras parejas se les haya denegado este derecho.
La ONU también denunció una persistente violencia y discriminación de las personas LGBTI por su orientación sexual y su identidad de género, así como la impunidad frente a estos actos, por lo que entre otras medidas reclama la aprobación de una ley sobre crímenes de odio contra este colectivo.
En el campo de los derechos de las mujeres, el comité concluyó haber confirmado la persistencia de estereotipos sobre el rol social de ella en la familia y la sociedad, lo “que perpetúa la discriminación en áreas como la educación, la salud, el empleo o la participación política”, entre otras.
En particular, el comité “observa con preocupación el número desproporcionadamente alto de mujeres en el sector informal, quienes están más expuestas a empleos precarios como el trabajo doméstico”.
