El jueves, el Congreso español aprobó la primera ley de cambio climático y transición energética en la historia del país, que establece la hoja de ruta para acabar con la venta de coches contaminantes en 2040, recortar la emisiones de gases contaminantes y alcanzar la plena descarbonización.
La nueva ley, que será efectiva al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, salió adelante con los votos de los partidos que apoyan al Gobierno presidido por el socialista Pedro Sánchez y la abstención del principal partido de la oposición, el conservador Partido Popular (PP).
La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, indicó durante su intervención en la Cámara de Diputados que se trata de “una ley que el país necesitaba e imprescindible”.
“Abordamos retos complejos en un momento difícil para nuestra sociedad y, sin embargo, es en esta misma coyuntura donde se muestra con total evidencia la urgencia de transformar nuestro modelo de desarrollo y nuestra forma de vida integrando en ella los criterios de sostenibilidad y resiliencia”, sostuvo.
En un contexto actual de urgente reactivación de la economía frente a la crisis sanitaria y social, esta ley se postula como palanca para alcanzar la plena descarbonización en 2050, impulsar el coche eléctrico y las renovables, y proteger la biodiversidad.
Objetivos y cálculos económicos
Tras varios retrasos derivados de elecciones anticipadas y la pandemia, la ley climática era una de las prioridades del Ejecutivo desde el inicio de la legislatura.
El texto se ajusta a los compromisos internacionales de lucha contra el cambio climático, como el Acuerdo de París, y destaca el propósito de España de alcanzar la neutralidad climática “no más tarde de 2050”, con objetivos que solo podrán ser revisados al alza.
Además, la norma establece varios objetivos mínimos nacionales para 2030, como reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 23% respecto del año 1990 y lograr un sistema eléctrico con, por lo menos, un 74% de generación a partir de energías de origen renovable.
A partir de 2023, el Gobierno podrá revisar al alza estos objetivos para 2030.
La ley se verá reforzada por las estimaciones del Gobierno, según las cuales la transición ecológica atraería más de Є200 mil millones de inversión en la próxima década y generará entre 250 mil y 350 mil empleos netos anuales.
De acuerdo a estos mismos cálculos, las inversiones, el ahorro energético y la mayor presencia de renovables aumentarían el PIB español en alrededor de 1,8% en 2030 respecto de un escenario sin medidas.
Autos y energías fósiles en la mira
Una de las iniciativas más destacadas en la norma es la reducción paulatina de emisiones de los turismos y vehículos comerciales ligeros de modo que a partir de 2040 no podrán venderse los que emitan dióxido de carbono y a partir del 2050 no podrán circular.
Además, estableció la obligación de instalar puntos de recarga de vehículos eléctricos en gasolineras y edificios.
Junto con eso, también se prohibieron los sondeos y prospecciones de combustibles fósiles en tierra y mar, no se otorgarán permisos de explotación de materiales con propiedades radiactivas ni se autorizarán actividades de explotación de hidrocarburos donde esté previsto el uso de la fracturación hidráulica o “fracking”.
Sumado a todo lo anterior, el texto mantiene la obligación de crear zonas de bajas emisiones en las ciudades de más de 50 mil habitantes, para 2030, con el fin de reducir la contaminación atmosférica y las emisiones de CO2 y favorecer la movilidad eléctrica junto con el transporte público.
En el ámbito financiero, la ley obliga a grandes empresas, entidades financieras y aseguradoras a elaborar informes anuales sobre los riesgos que la transición a una economía sostenible genere para su actividad, así como medidas para afrontarlos.
