El exsubsecretario de Obras Públicas de Argentina, durante el gobierno de Cristina Fernández, José López, que fue detenido tras ser sorprendido escondiendo 9 millones de dólares en efectivo se negó a declarar este jueves al mostrarse perdido, luego de haber pedido cocaína a gritos, informaron fuentes judiciales.

López, de 55 años, se mostró perdido y no recordó su fecha de nacimiento cuando fue presentado ante el juez federal Daniel Rafecas, en una causa por enriquecimiento ilícito.

Más temprano, se habría mostrado muy nervioso, dándose golpes en la cabeza y reclamado a gritos cocaína, informó La Nación.

Su abogada Fernanda Herrera insiste en que su cliente no está en condiciones de ser indagado.

José López, cuyo caso significó un puñal al corazón de los seguidores del kirchnerista Frente para la Victoria (FpV), fue sorprendido el martes in fraganti escondiendo en un monasterio, unos 160 bultos con casi nueve millones de dólares, miles de euros, yuanes y relojes de lujo.

López fue durante los 12 años de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández mano derecha del exministro de Planificación Federal, Julio de Vido y manejaba las obras públicas.

La abogada Herrera dijo el miércoles que su cliente estaba “muy mal” y que parecía estar en “ataque de pánico”.

López “escucha voces, está delirando. Tiene alucinaciones”, describió la abogada, exmodelo y cantante de cumbia.

Los médicos habían descartado que tenga una patología psiquiátrica.

“Estaba un poco tensionado e hipertenso, pero no otra cosa. No detectamos ninguna patología y fue externado“, declaró el médico Patricio Diez el miércoles en la noche.

“El caso López” o “El lopecito” como lo han bautizado medios y ciudadanos que expresan furia en las redes sociales, tiene a Argentina bajo conmoción.

Autoridades y líderes políticos de todos los partidos han condenando un hecho que coinciden en calificar como un puñal para la democracia.

Militantes y simpatizantes del kirchnerismo han expresado su decepción en cartas públicas, pero también dejan claro que los principios del proyecto político de centroizquierda que apoyaron no pueden cuestionarse por el delito, grave, de un funcionario.