El lunes 20 de agosto -a las 16.30- el Contralor General la República, Jorge Bermúdez, vio cómo su segunda de a bordo, la subcontralora Dorothy Pérez, cruzó el dintel de la puerta. El ambiente era tenso, nada cabía entre las cuatro paredes que alojan la caja fuerte que guardan celosamente las Leyes Secretas de la dictadura militar, pues Bermúdez tenía una decisión tomada: Pérez debía renunciar.
La razón era simple: el fiscal Eugenio Campos, quien investiga el caso pacogate, había resuelto citarla en calidad de testigo, porque mientras ocurría el robo de fondos fiscales -que supera los 27 mil millones pesos- era la jefa de la unidad que fiscalizaba a Carabineros. De hecho le hizo entrega personalmente de la convocatoria judicial que recibió reservadamente del Ministerio Público.
A esa hora, la determinación no era conocida oficialmente, pero los rumores al interior del organismo fiscalizador saltaban de piso en piso, en un edificio donde los muros escuchan, porque el hecho era -al menos- fuera de lo común.
Todo es también está en nuestra área de reportajes de nuestra unidad de investigación.
Comentario de Katherine Cubillos, Néstor Aburto y Tomás Mosciatti en la edición matinal de Radiograma.
