Pocas veces hemos sido testigos de una transversal y profundamente honesta reacción de nuestros parlamentarios como las observadas en la Comisión Investigadora de la Implementación del Nuevo Servicio Mejor Niñez, el pasado 28 de agosto.
Desde la emoción más profunda y aún en las antípodas ideológicas, las Diputadas integrantes de la Comisión compartieron un diagnóstico lapidario del abandono de los Garantes a la infancia vulnerada. “Nos han mentido”, indicó la Diputada, Ana María Gazmuri, sin matices.
Por su parte, la Diputada Marlene Pérez, exigió respuestas claras respecto a la ineficacia y falta de diligencia de un Comité de Expertos, en su rol de acreditación, dado que debía actuar evitando la permanencia de prestadores de servicios que incumplían con las condiciones para el bienestar de los Niños y las graves vulneraciones que dieron espacio para cuestionar el rol de la Defensoría de la Niñez, quien -aún teniendo diligencias pendientes- retiró la querella interpuesta, según informó Fernando Leal, Abogado invitado a la instancia.
En la instancia, la exposición del Contralor remató con un clarísimo contraste entre lo mandatado por la Ley y el Estado actual del Servicio de Protección, con listas de espera históricas, inminente cierre de residencias, más de 200 denuncias por explotación sexual y un largo etcétera, incluso con sumarios pendientes, algunos de los cuales asume Contraloría y ha concluido en destituciones y sanciones severas para una fracción mínima, en relación al total.
El mismo Contralor, ante el estupor de los miembros de la Comisión, reconoce la imposibilidad de establecer un mayor control sobre los Organismos Colaboradores (OCAS) por su naturaleza privada.
Más del 90% de la oferta del Servicio de Protección corresponde a prestadores privados que se rigen por la ley 20.032 a diferencia del nuevo Servicio de Reinserción Juvenil que opera a través de la ley de Compras Públicas (se establecen mecanismos de transparencia, seguimiento y reclamación).
No obstante, el Contralor es categórico en señalar que hay una serie de controles y supervisiones que debe ejercer la Subsecretaría de la Niñez sobre el Servicio y aquellos que son propios que Mejor Niñez debe ejercer sobre los prestadores, incluido el rol que le cabe al Comité de Expertos, quien según se observa en las actas no tiene el control de la calidad de la oferta que acreditan y sólo operan como un revisor de estándares.
Es ineludible la participación del sector privado en la provisión de servicios especializados como los que requiere Mejor Niñez, sin embargo, precisa hacerlo con reglas claras, fiscalización adecuada y recursos suficientes y transparentes para cumplir su rol a cabalidad. La ausencia de los garantes, es evidente. Estamos llegando tarde, de manera incompleta o simplemente no llegamos, abandonando a su suerte a miles de niños y niñas que son gravemente vulnerados en sus derechos.
No podemos caer en la inercia con la que hemos actuado estos años, se pierden vidas, se hipoteca el futuro de la niñez, se amputa la inocencia. Un niño son todos los niños del Mundo.
