El 25 de octubre del 2017 fueron absueltos por unanimidad los 11 imputados en el caso Luchsinger-Mackay. Ese juicio se anuló y se ordenó su repetición con las mismas pruebas presentadas en el primero.
El 5 de mayo del 2018, por unanimidad se declaró culpables bajo ley antiterrorista a tres comuneros, absolviéndose al resto. ¿Qué sucedió entre uno y otro juicio para que con las mismas pruebas quienes eran inocentes pasaran a ser terroristas?
Entremedio se instaló un nuevo gobierno, que desde la campaña afirmaba que había terrorismo en La Araucanía y debía aplicarse sin vacilar la ley antiterrorista.
En tiempos de la pos-verdad, cabe preguntar ¿era eso lo que ocurría realmente? Al menos, no concuerda con lo que reconocidos organismos internacionales y nacionales comprometidos en la promoción y defensa de los DD.HH. vienen alertando hace años. Veamos.
UNICEF (2009) alerta al estado por la violencia que ejerce contra niños/as mapuche por parte de las fuerzas policiales. El año 2011 organizaciones chilenas defensoras de la infancia denunciaron al Estado chileno ante la CIDH por la violencia contra niños/as mapuche, que iban desde heridas con balines, gases lacrimógenos, interrogatorios ilegales en las escuelas, tortura y otras prácticas.
El año 2012 la CIDH condena estos actos e interpela al Estado a tomar medidas. Desde entonces la situación no ha cambiado mucho, como demuestran los documentos oficiales del INDH (2017) que indican al menos a 133 niños o adolescentes mapuche que han sido violentados de diversas formas por las fuerzas policiales desde el 2011 a parte del 2107.
Al respecto puede revisar la investigación “La niñez marcada: historias de violencia policial contra la infancia mapuche”. Y si el año pasado nos sorprendíamos de los gases lacrimógenos a una escuela con niños de 4 y 5 años en Temucuicui, este año quedamos impactados estudiantes mapuche de 14 y 12 años fueron obligados a desnudarse en un control de identidad.
ONU (2009) a través de su Comisión de DD.HH. alertaba al estado entre otras materias sobre la criminalización de la protesta social indígena, del uso abusivo de la fuerza policial, además de otras áreas como la inoperancia de la consulta indígena.
INDH (2011) advierte que la ley antiterrorista está reñida con los DD.HH. al no respetar las garantías procesales e impidiendo así un juicio justo.
Amnistía Internacional (2013) advierte que la ley antiterrorista está reñida con los DD.HH., existe abuso de la fuerza policial contra mapuche y que la militarización del territorio no representa una solución al conflicto.
ONU (2013) advierte que la ley antiterrorista está reñida con los DD.HH. por lo que no debiera aplicarse, además luego de estudiar la situación afirma que no existe terrorismo en La Araucanía sino un conflicto que exige un diálogo político.
CIDH (2014) condena a Chile por juzgar y condenar a mapuche bajo ley antiterrorista por impedir un juicio justo. Agrega que es una ley que se aparta de estándares compatibles con los DD.HH.
ONU (2016) advierte que existe abuso de la fuerza policial contra mapuche y en lo que respecta a los DD.HH. los pueblos indígenas son el talón de Aquiles del Estado chileno.
Amnistía Internacional (2016) emite una nota advirtiendo sobre el amedrentamiento policial que recibe Karina Riquelme, abogada de mapuche.
INDH (2016) advierte que la ley antiterrorista está reñida con los DD.HH. por lo que no debiera aplicarse. Además informa que hasta la fecha ha presentado 8 querellas por tortura a mapuche por fuerzas policiales, y ha interpuesto 60 recursos de amparo por uso excesivo de fuerza policial contra mapuche.
Cabe aclarar que el termino “uso excesivo de fuerza policial” no consiste meramente en una subida de voz o un lumazo, sino en jóvenes asesinados, como Matías Catrileo y Alex Lemún, en esposar a la cama a una mujer mapuche para dar a luz, en descargar 100 perdigones en la espalda de un adolecente que se encuentra boca abajo en un control de identidad, en disparar sin motivos a comuneros mapuche en plena carretera, en allanamientos violentos y tantas violencias más que están naturalizadas en este territorio.
Amnistía Internacional (2017) advierte que existe abuso de la fuerza policial contra mapuche, que la ley antiterrorista está reñida con los DD.HH. por no respetar las garantías procesales y que son preocupantes las detenciones arbitrarias denunciadas desde el territorio.
ONU (2017) advierte al estado su preocupación por el uso excesivo de las fuerzas policiales sobre la personas mapuche.
Amnistía Internacional (2018) advierte que existe abuso de la fuerza policial contra mapuche y que la ley antiterrorista está reñida con los DD.HH.
Como puede observar el uso abusivo de la fuerza policial sobre mapuche y la porfía por utilizar una ley contraria a los DD.HH. son una constante desde hace años en las advertencias e interpelaciones que desde órganos especializados en DD.HH. se levantan contra el Estado chileno a través de sus sucesivos gobiernos.
La Operación Huracán es el fruto maduro de la irresponsabilidad estatal en hacer oídos sordos a todas las advertencias anteriores. Es una operación planificada por las fuerzas policiales para inventar pruebas y escoger líderes mapuche a quienes adjudicárselas y así encarcelarlos, seguramente invocando la ley antiterrorista.
Es escalofriante saber que tanto el jefe nacional de la policía de inteligencia hasta el jefe regional de dicha unidad y su segundo al mando, estén involucrados en este nuevo montaje. Es desconcertante que no se haya conocido este delito debido al funcionamiento de mecanismos que garanticen el apego a la ley del actuar policial, sino por medio de una riña interna entre un fiscal y esta unidad policial.
Y es aterrador que el actuar policial pueda amenazar la integridad de un fiscal de la república al punto que este deba pedir resguardo a la PDI. ¿Qué puede hacer una persona mapuche contra este tipo de actuar policial? Ahí están las numerosas advertencias de los organismos de DD.HH. respecto al uso abusivo de la fuerza policial.
Así, volvemos a preguntarnos ¿de dónde surge la idea de terrorismo en territorio mapuche? A parte de la SOFOFA y los gremios empresariales del territorio en conflicto, es el actual gobierno quién la ha instalado con fuerza.
Cómo si todo el contexto anteriormente descrito no existiera, este gobierno ha actuado en consonancia con su tesis terrorista.
Esto explica que la primera visita presidencial a La Araucanía fuese para liderar el Consejo de Seguridad de la Macro Zona Sur, anunciar modificaciones a la ley antiterrorista en sentido contrario al de las advertencias de los organismos de DD.HH., endurecimiento dicha ley abriendo paso a la tipificación individual y la mantención de testigos protegidos entre otros.
Finalmente se reunió con las víctimas de la violencia rural, entre las cuales no se encontraba ningún mapuche. A decir verdad, los términos terrorismo y violencia rural son modos de disfrazados para decir “mapuche haciendo violencia”.
Las medidas bajo la tesis terrorista continuaron con la creación de una Policía antiterrorista para la Macro Zona Sur y la solicitud de ayuda extranjera para capacitar a las fuerzas policiales en el combate al terrorismo, cuando lo que uno esperaría sería una capacitación en DD.HH.
Lo único que falta para completar la tesis terrorista políticamente instalada son los terroristas. Notará usted lo extraño que esto suena ¿no? Bueno, este es justamente el contexto dentro del cual se repite el juicio Luchsinger Mackay, donde quienes eran inocentes en octubre son terroristas en mayo, y con validación de pruebas profundamente cuestionadas.
No pretendo con esto desconocer las violencias, como las recuperaciones territoriales y las numerosas quemas de camiones reivindicadas por organizaciones mapuche y tan populares mediáticamente.
Estas violencias suceden en el sur y tiene fecha de inicio en el año 1997. Sin embargo, desvestirla de los motivos político-históricos que la suscitan y revestirlas de terrorismo es una cruel irresponsabilidad del Estado y sus sucesivos gobiernos, que han acabado sometiéndonos a todos/as quienes habitamos este territorio a diversas violencias, poniendo en riesgo -sino vulnerando- los DD.HH. de los mapuche.
El horrendo asesinato de la pareja Luchsinger-Mackay, no justificable bajo ninguna causa, merece un juicio que otorgue tranquilidad y justicia a sus familiares, no cabe duda. Sin embargo, usarlo como la pieza para completar la tesis terrorista es inadmisible.
Por las injusticias que supone con los acusados como con la familia doliente, pero también porque dicha estrategia solo perpetuará y extremará las violencias.
No hay terrorismo en territorio mapuche sino violencias suscitadas por un actuar irresponsable del Estado que al taparse los oídos ante las legítimas demandas del Pueblo Mapuche ha debido también cerrar los ojos ante los abusos policiales contra mapuche y poner en riesgo -sino vulnerado- sus DD.HH.
También esto ha significado violencias y muertes para los no mapuche que habitan este territorio, pero lejos de un terrorismo mapuche como se quiere hacer aparecer. Peligrosamente, el caso Luchsinger-Mackay parece estar siendo desplazado del campo de la búsqueda de justicia al del diseño político que avale la tesis terrorista, pavimentando así el camino para la obstinada marcha que nos aleja de la paz y la justicia.
David Soto sj
Comunidad jesuita de Tirúa
