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El problema no es la falta de regulación. Tampoco es la falta de institucionalidad. El problema es el diseño del sistema.
Chile enfrenta un estancamiento prolongado de la inversión, una creciente judicialización de proyectos estratégicos y una desconfianza persistente de las comunidades respecto del desempeño ambiental del Estado.
Cualquier agenda de reactivación económica deberá necesariamente abordar el problema estructural del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), no con más trámites ni con más institucionalidad, sino con una reforma conceptual que recupere la racionalidad del sistema.
Durante las últimas tres décadas, Chile ha realizado un esfuerzo ambiental significativo. El país ha destinado miles de millones de dólares al tratamiento de aguas servidas, control de emisiones industriales, normas para termoeléctricas y fundiciones, combustibles más limpios, estándares vehiculares, impuestos verdes y expansión de energías renovables.
El gasto privado en protección ambiental es comparable al de varios países de la OCDE en proporción al PIB, y el gasto público ambiental ha crecido de manera importante con la creación del Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia y los Tribunales Ambientales.
Sin embargo, este aumento de gasto e institucionalidad no se ha traducido en mayor confianza pública ni en mayor certeza jurídica. La conflictividad ambiental ha aumentado y el concepto de “zonas de sacrificio” se ha instalado con fuerza en el debate nacional. La evaluación ambiental se ha transformado en uno de los principales factores de incertidumbre para la inversión, afectando proyectos mineros, energéticos, portuarios e industriales.
El problema no es la falta de regulación. Tampoco es la falta de institucionalidad. El problema es el diseño del sistema.
El SEIA evolucionó hacia un modelo extremadamente casuístico, donde cada proyecto se discute como si fuera único, agregando condiciones y exigencias específicas que se acumulan en miles de Resoluciones de Calificación Ambiental.
Hoy existen más de quince mil proyectos aprobados, cada uno con decenas o cientos de condiciones particulares. En algunos casos, una sola empresa puede acumular más de veinte mil exigencias ambientales en el conjunto de sus resoluciones.
Es evidente que ningún sistema puede fiscalizar con eficacia un volumen tan desproporcionado de condiciones. La autoridad pierde foco en los riesgos ambientales críticos, mientras se diluye en la administración de una enorme cantidad de exigencias muchas veces redundantes o marginales. Se ha privilegiado el acto de aprobar con condiciones por sobre la verificación sistemática del cumplimiento real.
En la práctica, la Resolución de Calificación Ambiental se ha transformado en un fin en sí mismo.
El sistema concentra la mayor parte de su energía en la etapa previa a la ejecución del proyecto, pero carece de capacidades equivalentes en el seguimiento durante su operación. Es como si el SII concentrara todos sus esfuerzos en autorizar el inicio de actividades, pero no en fiscalizar el pago de impuestos.
Este desequilibrio tiene consecuencias profundas. La ciudadanía no percibe con claridad los beneficios ambientales derivados de las inversiones realizadas. No existe información consolidada, validada y accesible sobre la evolución real de la calidad del aire, del agua o de los ecosistemas en los territorios donde se desarrollan proyectos productivos. La ausencia de datos confiables alimenta la desconfianza y facilita la judicialización.
La clave no está en acelerar permisos ni en crear nuevas instancias administrativas. La clave está en reequilibrar el sistema, trasladando el foco desde la acumulación de condiciones ex ante hacia el fortalecimiento del cumplimiento ex post.
Para ello se requiere un programa nacional de fortalecimiento de capacidades ambientales que permita construir credibilidad técnica, pero esta vez aprovechando plenamente la revolución digital que está transformando todos los sectores productivos.
Un sistema de monitoreo ambiental moderno
Chile tiene hoy la oportunidad de dar un salto cualitativo y construir un sistema de monitoreo ambiental moderno, basado en sensores en línea, transmisión automática de datos, plataformas digitales interoperables y herramientas de análisis avanzado apoyadas en inteligencia artificial.
Esto implica, en primer lugar, establecer un sistema robusto de acreditación y control de laboratorios y servicios ambientales, asegurando que las mediciones de emisiones, descargas y calidad ambiental cumplan estándares internacionales.
En segundo lugar, desarrollar sistemas de monitoreo continuo, digital y en tiempo real, con información pública, trazable y transparente, de manera que las comunidades puedan acceder directamente a datos verificables sobre el desempeño ambiental de las actividades productivas. La digitalización permite pasar desde reportes periódicos en papel, que nadie lee, a sistemas de supervisión permanente, con alertas automáticas frente a desviaciones y capacidad de fiscalización basada en riesgo.
En tercer lugar, fortalecer la generación de información base de largo plazo en territorios estratégicos mediante redes inteligentes de monitoreo, integrando datos de agua, aire, suelos y biodiversidad en plataformas abiertas, reduciendo la incertidumbre científica que hoy se traslada a cada evaluación caso a caso. La tecnología hoy disponible permite transformar la fiscalización ambiental en un sistema moderno, eficiente y creíble, si existe la decisión política de implementarlo.
Paralelamente, se debe avanzar en una simplificación inteligente del SEIA. Esto no significa rebajar estándares ambientales, sino reducir la discrecionalidad y la redundancia. Un marco normativo sectorial más claro y exigente permite disminuir la necesidad de imponer condiciones particulares en cada proyecto. Más norma general, menos negociación caso a caso. Más estándares técnicos homogéneos, menos acumulación de exigencias heterogéneas.
Un sistema que demuestra capacidad real de control genera confianza. Un sistema que sólo acumula condiciones genera escepticismo.
Si el país logra mostrar que las normas se cumplen efectivamente, que las emisiones se monitorean en tiempo real y que la información es pública y confiable, la evaluación ambiental dejará de ser un campo de batalla político y recuperará su rol técnico. En ese escenario, la tramitación de nuevos proyectos se facilitará naturalmente, no por debilitamiento regulatorio, sino por fortalecimiento institucional.
El desafío del nuevo gobierno es comprender que la certeza jurídica no se construye acelerando plazos, sino construyendo confianza. Y la confianza se construye con datos, capacidades técnicas y fiscalización efectiva.
