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En tiempos donde el tutelaje vuelve a presentarse como orden y la subordinación como realismo, pensar distinto no es una consigna: es una condición para habitar el mundo con dignidad.
No estamos frente a una coyuntura pasajera ni a una anomalía del sistema internacional. Lo que vivimos es la apertura de un nuevo ciclo histórico, marcado por la descomposición del orden mundial que Estados Unidos contribuyó decisivamente a construir y que hoy, paradójicamente, es el primero en socavar.
Las reglas, instituciones y consensos que sostuvieron la hegemonía estadounidense durante décadas ya no garantizan su primacía, y esa pérdida de control está reconfigurando de manera acelerada la política global.
El momento unipolar que siguió a la caída de la Unión Soviética —sostenido en el llamado Consenso de Washington, en el multilateralismo liberal, el Estado de Derecho y en la promesa de mercados abiertos como horizonte universal— está siendo desafiado no solo por el ascenso de nuevas potencias como China y Rusia, sino también por la emergencia de nuevos bloques económicos y financieros, como los BRICS, y por instrumentos alternativos al orden financiero tradicional, como el Nuevo Banco de Desarrollo.
Frente a esta reconfiguración, Estados Unidos ha comenzado a abandonar las reglas que antes defendía, reemplazando el consenso por la coerción, pero sobre todo abandonando la retórica de los principios del liberalismo para justificar sus intervenciones. Hoy es una intervención sin caretas: buscan los recursos de otros países para reposicionarse bajo el lema “América primero”.
A esta disputa geopolítica se suman transformaciones estructurales del capitalismo contemporáneo: las crisis financieras recurrentes, la aceleración del cambio climático y el impacto de las nuevas tecnologías —en particular la inteligencia artificial— sobre la producción, el trabajo y los mercados.
En este contexto, el control de recursos estratégicos como el litio y los minerales de tierras raras se vuelve central, revalorizando territorios y reabriendo viejas lógicas de subordinación sobre el Sur Global, y especialmente sobre América Latina.
Declaración de Nuestra América
La reciente Declaración de Nuestra América, suscrita en Bogotá por más de 60 representantes políticos y sociales de más de 20 países del mundo el pasado 24 y 25 de enero, convocada por la Internacional Progresista, y de la cual el Frente Amplio es parte, surge de una constatación inquietante: la Doctrina Monroe pasa de ser un residuo del siglo XIX para convertirse nuevamente en una guía explícita de acción.
Ya no se trata solo de intervenciones militares abiertas, sino de un entramado más sofisticado de sanciones financieras, injerencia electoral, lawfare contra liderazgos populares, campañas de desinformación y presión diplomática permanente.
Los ejemplos abundan y no son abstractos. El condicionamiento económico sobre las elecciones en Argentina, el bloqueo recrudecido contra Cuba, el hostigamiento político al gobierno mexicano, la persecución judicial de liderazgos políticos, las sanciones internacionales contra Colombia, o la vulneración sistemática de los derechos de millones de migrantes latinoamericanos en Estados Unidos, no son episodios aislados. Configuran un patrón que tiene como objetivo un disciplinamiento político sobre la región.
El problema, advierte la declaración, no es solo latinoamericano. Cuando el derecho internacional se aplica de forma selectiva y la autodeterminación se vuelve negociable, se debilita el principio que protege a todos los pueblos.
La normalización de estas prácticas —en Gaza, en América Latina o en cualquier otra región— termina por habilitar un mundo donde la fuerza se impone sobre el derecho y la coacción reemplaza a la política.
Frente a este escenario, el documento plantea una tesis tan simple como incómoda: sin integración no hay soberanía. Ningún país puede resistir en soledad la presión del mayor aparato militar y financiero del planeta. La fragmentación regional no es una debilidad coyuntural; es la condición estructural de la dominación. La historia reciente demostró que cuando América Latina actuó de manera concertada amplió su margen de autonomía y redujo su exposición a la tutela externa.
Pero la integración, señala la declaración, no es solo un asunto de cancillerías. Requiere democracia sustantiva, servicios públicos fuertes y protagonismo popular. Sin movimientos sociales, sindicatos y organizaciones capaces de sostener proyectos de transformación, la soberanía queda reducida a una formalidad vacía. Defenderla implica también disputar el sentido común, producir pensamiento crítico y construir solidaridad internacional, incluso —y sobre todo— en el Norte Global.
La Declaración Nuestra América no propone un repliegue nostálgico ni un gesto retórico de identidad. Propone una estrategia: cooperación frente a la coacción, derechos frente a la fuerza, integración frente a la fragmentación.
En tiempos donde el tutelaje vuelve a presentarse como orden y la subordinación como realismo, pensar distinto no es una consigna: es una condición para habitar el mundo con dignidad. Queda por delante el desafío de consolidar estos gestos en acciones, estos vínculos, diagnósticos y propuestas en victorias en las instituciones, en lo social, lo político y económico, para asegurar desde una vía democrática la realización de otro ciclo político basado en la solidaridad, la sostenibilidad de la vida y la justicia social.
