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Chile ha invertido históricamente en infraestructura dura, pero con un déficit persistente en operación, mantención y coordinación institucional.
Las recientes inundaciones en Maipú y el desprendimiento de terreno en Las Condes volvieron a instalar una pregunta incómoda: ¿Estamos frente a eventos excepcionales o a fallas estructurales en la gestión urbana y de infraestructura?
Si revisamos la historia, estos eventos ya han sido parte del relato en años anteriores.
Desde el punto de vista técnico, las precipitaciones registradas, del orden de 17 a 30 mm concentrados en menos de dos horas, no son inéditas. Lo que sí resulta crítico es su impacto.
Sistemas de evacuación de aguas lluvias colapsados, canales que no lograron descargar oportunamente y barrios que se inundan de manera recurrente evidencian un problema que va más allá del clima: la brecha entre infraestructura, operación y gobernanza.
Chile ha invertido históricamente en infraestructura dura, pero con un déficit persistente en operación, mantención y coordinación institucional.
Un canal con compuertas es tan eficiente como el protocolo que define cuándo, cómo y quién las opera. Cuando esa decisión falla, como en este caso, o no está automatizada, ni trazable, el riesgo se materializa en pérdidas económicas, interrupción de servicios y deterioro de la confianza pública. ¿Quién monitorea, quién decide y con qué criterios se operan estos sistemas en eventos extremos?
A esto se suma un fenómeno ampliamente documentado por la academia: la impermeabilización creciente de las ciudades. Más pavimento y menos suelo absorbente acortan los tiempos de concentración del agua y elevan los caudales pico.
El resultado es conocido: eventos breves, pero intensos, que superan rápidamente la capacidad de diseño de sistemas pensados para un clima que ya cambió. Pérdida de infiltración natural, eliminación de amortiguación hídrica. El agua ya no infiltra, corre, se concentra y busca salida por donde puede. Esto es exactamente lo que define un flash flood.
Desde una lógica de inversión, la discusión no puede seguir centrada solo en cuánto cuesta construir más colectores o canales. La pregunta correcta es cuánto estamos dispuestos a perder por no gestionar mejor lo que ya existe. Estudios nacionales e internacionales muestran que cada peso invertido en prevención, operación y reducción del riesgo evita múltiples pesos en reconstrucción y subsidios post desastre.
La gestión moderna del riesgo hídrico urbano exige: auditorías periódicas de capacidad y estado de la infraestructura, protocolos operativos claros y exigibles, uso de datos, sensores y umbrales de decisión, y una coordinación real entre municipios, ministerios y organismos de emergencia.
No se trata de sobrerregular, sino de gestionar con estándares acordes a la complejidad del sistema urbano actual.
No fue una lluvia imposible: fue una ciudad que opera con estándares de un clima que ya cambió, y con infraestructura que, cuando requiere operación, depende de decisiones no trazables. El riesgo está mapeado, estudiado y advertido.
