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La Defensoría de la Niñez alerta por el aumento de expulsiones escolares en Chile, con más de 7.500 casos entre 2018 y junio de 2025. Además, preocupa que estas medidas afecten especialmente a adolescentes, con casos incluso en educación básica. El informe revela que las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá presentan mayor recurrencia de expulsiones, con un incremento del 62% en los colegios emblemáticos entre 2023 y 2024.
Las expulsiones escolares y cancelaciones de matrícula no solo están aumentando en las escuelas chilenas, sino que están dejando a un número significativo de niños, niñas y adolescentes fuera del sistema educativo.
Así lo advierte un nuevo análisis del Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez, que por primera vez pone el foco no solo en cuántas sanciones se aplican, sino en lo que ocurre con los estudiantes después de ser expulsados.
Defensoría de la Niñez alerta por expulsiones escolares al alza
Entre 2018 y junio de 2025, los establecimientos educacionales del país registraron más de 7.500 procedimientos de expulsión o cancelación de matrícula. No se trata de casos aislados: la Defensoría constató que estas medidas han ido en aumento en los últimos años, consolidándose como una práctica cada vez más frecuente en el sistema escolar.
El dato más preocupante, según el organismo, es lo que pasa después de la expulsión.
El informe muestra, por ejemplo, que un 12% de los estudiantes expulsados no logró reinsertarse en el sistema educativo en 2023. Esto equivale a 180 niños, niñas y adolescentes que quedaron fuera de la escuela.
Para la Defensoría, esto no es solo un problema administrativo, sino una vulneración al derecho a la educación, “ya que estas medidas no solo interrumpen el proceso educativo, sino que pueden provocar una desvinculación prolongada o definitiva del sistema escolar, afectando especialmente a adolescentes con trayectorias marcadas por desventajas acumuladas”.
Expulsiones escolares incluso en básica
Otro hallazgo sensible es que estas sanciones no se limitan a la enseñanza media. Entre 2022 y 2025 hubo 1.560 expulsiones en estudiantes de 1° a 8° básico, es decir, en niños y niñas que están en etapas muy tempranas de su trayectoria escolar.
Para la Defensoría, aplicar medidas tan drásticas a estudiantes tan pequeños evidencia una lógica que puede marcar de manera irreversible su relación con la escuela.
En el marco de la Ley 21.128 de Aula Segura:
“Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento.”
Dónde se concentra el problema
El análisis también detectó patrones claros:
La Defensoría aclaró que su análisis se basa principalmente en establecimientos con financiamiento público, ya que los colegios privados no están obligados a reportar este tipo de sanciones, lo que genera un vacío de información sobre lo que ocurre en ese sector.
Riesgo de exclusión social
Más allá de los números, el organismo advierte que las expulsiones tienen efectos profundos en la vida de los estudiantes, especialmente en aquellos que ya enfrentan situaciones de vulnerabilidad.
El Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, señaló que “Cuando el sistema educativo expulsa a un adolescente sin ofrecer alternativas reales de acompañamiento, no solo se interrumpe su aprendizaje, sino que se le expone a mayores riesgos de exclusión social, al deterioro de su bienestar y a la desvinculación de redes que hoy cumplen un rol clave como factores de protección”.
En otras palabras, para muchos estudiantes la escuela no es solo un lugar de aprendizaje, sino también un espacio de contención y apoyo. Al perderlo, aumentan las probabilidades de abandono escolar definitivo.
El Defensor Quesille insistió en que “los datos muestran que estas medidas se concentran en determinados establecimientos y afectan principalmente a adolescentes, lo que nos obliga a reforzar la prevención, la mediación y el acompañamiento psicosocial”.
El informe fue enviado formalmente al Ministerio de Educación y a la Superintendencia de Educación, con el objetivo de que estas instituciones tomen medidas y revisen las prácticas disciplinarias en los colegios.
