Primera Política Nacional de Reinserción Social Juvenil

En un nuevo hito destinado a desarrollar instrumentos que orienten a los jóvenes que han infringido la ley hacia proyectos de vida alejados del delito, hemos elaborado y presentado la primera Política Nacional de Reinserción Social Juvenil que tiene nuestro país.

La vinculación de niños, niñas y adolescentes con conductas ilícitas es una situación que nos preocupa. Por ello, como Gobierno, hemos preparado estrategias de prevención en sus distintos niveles, a través de un sistema de justicia especializado, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 20.084, de Responsabilidad Penal de los Adolescentes, y las modificaciones que le introdujo la Ley 21.527.

Esta, asimismo, estableció una nueva institucionalidad para la ejecución de sanciones y medidas destinadas a poner énfasis desde el trabajo intersectorial con miras a que el Estado hiciera efectiva la responsabilidad por los delitos que se cometen, además de articular y guiar el proceso de reinserción de los adolescentes.

En este marco, es que -de manera inédita en nuestro país- bajo el alero de la Ley de Garantías, de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia y de los avances en materias de prevención y de seguridad pública, se ha gestado una Política Nacional de Reinserción Social Juvenil y su correspondiente Plan de Acción 2025-2030.

Trabajo intersectorial

La política se enmarca en un trabajo intersectorial y de coordinación entre órganos de la Administración Pública, con la finalidad de establecer la corresponsabilidad en materia de reinserción social, a través de una mirada común respecto del fenómeno de la infracción de la ley por parte de los adolescentes y la entrega de aquellas prestaciones y servicios que por derecho les corresponden, y que resultan fundamentales al momento de intervenir en esta población.

Hubo, así, un trabajo mancomunado entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y los Ministerios del Interior, de Salud, de Educación, de Desarrollo Social y Familia, de Trabajo y del Deporte, en torno al consenso respecto de la reinserción de los adolescentes que se materializa en esta política.

El proceso de construcción de la Política Nacional de Reinserción Social Juvenil comenzó en 2021 con una consultoría con organismos de estudios.

A lo que se sumó una consulta participativa para indagar en experiencias de vida, percepciones y opiniones de los y las adolescentes y jóvenes a lo largo del país respecto de bienestar, proyecto de vida y garantía de derechos, en función de áreas temáticas como educación, trabajo, salud, entorno y barrio, relaciones interpersonales, y oportunidades de reinserción. Es este mensaje, y sus necesidades lo que permitió articular los objetivos estratégicos de la política y los compromisos del primer Plan de Acción.

En paralelo, se desarrolló una consulta pública que permitió recibir y acoger sugerencias desde la ciudadanía con miras a mejorar el texto, siendo enriquecido posteriormente por las contrapartes de los ministerios que suscriben la política y de expertos de la sociedad civil y de la academia.

La finalidad de la política consiste en garantizar el respeto irrestricto de los Derechos Humanos de adolescentes y jóvenes que han infringido la ley, asegurando el acceso universal a prestaciones que les corresponden por derecho y a una oferta programática de calidad con pertinencia territorial contribuyendo a la modificación de la conducta delictiva y a su reinserción social.

Reinserción social

Un conjunto de objetivos estratégicos son los ejes para la construcción del Plan de Acción de la Política 2025 -2030, cuyo desarrollo estuvo a cargo de la Comisión Coordinadora Nacional de Reinserción Social Juvenil, presidida por el Subsecretario de Justicia y que convocó a Subsecretarios y Jefes de Servicios vinculados a la reinserción de los adolescentes. Como resultado del proceso se comprometieron 129 medidas, que responden a los objetivos estratégicos de la Política Nacional de Reinserción Social Juvenil.

Ahora bien, esta coordinación pública para la reinserción no estaría completa si no se afianzara en una estrecha colaboración con el mundo de la empresa y de la sociedad civil, es por ello que la política insta a esta alianza estratégica, que mucho puede aportar no solo con la oferta de trabajo y formación, sino que además con una mirada que se adecúe a las diversas realidades y demandas de los territorios y comunidades que conforman nuestra nación.

El proceso de construcción de la Política y del Plan de Acción lo hemos puesto a disposición del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil -el que culminará su proceso de implementación en enero próximo con su instalación en las Regiones de Valparaíso, Metropolitana y de O’Higgins, con lo que dejará de funcionar definitivamente el Sename- para una adecuada gestión de los casos y un tratamiento diferenciado y eficaz con cada adolescente y joven ante el delito.

De esta forma, el Estado de Chile se compromete con los procesos de reinserción de los y las adolescentes, con pleno respeto de sus derechos y estableciendo una herramienta efectiva en favor de la seguridad de nuestras comunidades, porque invertir en reinserción es apostar por una sociedad más pacifica e inclusiva, en donde sin miedos, podamos desarrollar nuestros proyectos de vida y aportar, desde nuestras particularidades, a la grandeza de nuestro país.