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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Parlamentarias de oposición ofician a Gendarmería y Ministerio Público tras viralización de videos de "carrete" en penal Santiago 1, con internos mostrando alcohol y música. Gendarmería identificó a 23 involucrados, incautando celulares, alcohol y dinero. Parlamentarias piden explicaciones y medidas ante fallas en sistema penitenciario, denunciando pérdida de control y falta de inhibidores de señal.

Este lunes, un grupo de parlamentarias de oposición oficiaron a Gendarmería y al Ministerio Público luego de que ayer se viralizaran diversos videos de un “carrete” con whisky, asado, música y celulares protagonizado por internos dentro de un módulo del Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago 1.

El registro ocurrido en el módulo N°35 fue difundido en redes sociales con videos grabados por los mismos reclusos, quienes mostraron alcohol, comida y música.

Tras la difusión de los videos, Gendarmería tomó acciones e ingresó al módulo identificando a 23 internos involucrados, los cuales fueron trasladados temporalmente a un régimen de aislamiento mientras se investigan responsabilidades administrativas.

En el procedimiento se incautaron 24 teléfonos celulares, botellas de alcohol, dinero en efectivo y diversos alimentos, los cuales están prohibidos al interior del recinto carcelario.

“Una señal del deterioro”

Frente a este insólito episodio, las parlamentarias Marcia Raphael (RN), Carla Morales (RN) y Sofía Cid (PRep) oficiaron a Gendarmería de Chile, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Ministerio Público, para exigir explicaciones y medidas concretas frente a las reiteradas fallas en el sistema penitenciario.

En sus oficios, las diputadas aseguraron que este episodio “no puede ser tratado como un hecho aislado, sino como una señal del deterioro progresivo en el control interno de los recintos penitenciarios”.

A juicio de las legisladoras, la situación es un reflejo de la pérdida de autoridad institucional e incapacidad del sistema para asegurar el cumplimiento de las normas dentro de las cárceles del país.

“No estamos frente a una simple fiesta dentro de una cárcel. Lo ocurrido en Santiago 1 es reflejo de una pérdida total de control institucional y de un sistema que ya no logra hacer cumplir las normas más básicas”, comentó Raphael.

En los oficios enviados solicitaron al Ministerio de Justicia y a Gendarmería informar qué medidas se adoptaron frente a este hecho, además de cuáles son los protocolos vigentes para el ingreso y control de elementos prohibidos.

Además, solicitaron información específica sobre el estado de funcionamiento y cobertura de los inhibidores de señal en Santiago 1 y el resto de los establecimientos penitenciarios del país.

Asimismo, oficiaron al Ministerio Público para que detalle cuántas personas han sido formalizadas en el último año por delitos vinculados a la tenencia o uso de celulares y otros elementos prohibidos dentro de recintos carcelarios.

Déficit tecnológico

Las diputadas advirtieron que este hecho en Santiago 1 revela un problema de fondo: una falla estructural en la gestión penitenciaria, marcada por la permeabilidad institucional y la falta de fiscalización efectiva.

Para la diputada Morales, “el problema no es solo la conducta, sino estructural. Hoy vemos un sistema que ha perdido efectividad frente a la adaptación de las redes criminales internas”.

Esta pérdida de control, según las parlamentarias, se confirma con el déficit tecnológico del sistema. Recalcaron que aún existen penales sin cobertura total de inhibidores de señal y que, donde sí están instalados, su funcionamiento es irregular o limitado.

“Los inhibidores no funcionan correctamente, los controles de ingreso siguen siendo vulnerables, y las medidas anunciadas no se traducen en resultados concretos”, apuntó la diputada Cid.

De acuerdo a las diputadas, esta insuficiencia tecnológica demuestra que las herramientas actuales son incapaces de enfrentar la capacidad de adaptación de las redes delictuales dentro de las cárceles.

“El sistema penitenciario debe adaptarse a las nuevas realidades criminales. No puede seguir siendo un espacio donde el Estado pierde autoridad y las bandas operan con total libertad. Lo de Santiago 1 es una señal de alerta que no puede volver a repetirse”, concluyeron.

Finalmente, las diputadas hicieron un llamado al Gobierno a modernizar estos mecanismos de control y fiscalización penitenciaria, incorporando tecnología, inteligencia preventiva y trazabilidad digital en los procesos de ingreso y control.