Luego de conocerse las diligencias en las oficinas del Gobierno Regional (GORE) Metropolitano de Santiago y en el domicilio del gobernador Claudio Orrego, se reveló que el organismo capitalino le pidió la renuncia a Mayuri Reyes Torres, jefa de la División de Presupuesto e Inversión Regional.
Según pudo constatar La Radio, el GORE solicitó la renuncia de Reyes, quien es socia de José Solís Venegas, uno de los dueños de Ajem Asesores y Consultores Limitada, firma contratada directamente por el Gobierno de Santiago en dos ocasiones durante 2024 para asesorías en el cierre de proyectos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Además, según una declaración del organismo capitalino, confirmaron que Orrego, mediante sus abogados, ofreció voluntariamente declarar y poner a disposición de la Fiscalía su celular y dispositivos electrónicos, lo que se concretó la mañana de este lunes.
“De la misma forma, su equipo accedió a entregarlos de forma voluntaria, como le fuera expresado la semana pasada a la Fiscalía, por los abogados del Gobernador. Aclaramos que la diligencia no se trató de un allanamiento, dado que no hay una orden judicial, sino de una entrega voluntaria, coordinada con la Fiscalía”, precisaron desde el Gobierno de Santiago.
Asimismo, para cerrar la declaración, aseguraron: “El Gobernador y su equipo seguirán colaborando activamente con las instituciones correspondientes para esclarecer los hechos en el más breve plazo”, concluyeron desde el GORE.
Lo anterior fue confirmado por el abogado de la firma BACS, José Pedro Silva. El representante de Orrego en esta investigación ratificó que “no fue un allanamiento”.
“Fue una entrega voluntaria de los dispositivos tanto del gobernador como de los correos electrónicos de su círculo más cercano. Fue una entrega coordinada con la Fiscalía, por lo tanto, no fue necesario requerir ninguna autorización judicial“, expresó Silva.
Las diligencias de Carabineros en el GORE y en casa de Orrego
Las acciones coordinadas entre Orrego y el Ministerio Público se enmarcan en la investigación de la Fiscalía Oriente. Esto, tras el informe emitido por Contraloría, que cuestiona un presunto uso de fondos públicos para su campaña de reelección, irregularidad que incluso lo expone a una posible destitución tras la ofensiva de los consejeros regionales de oposición.
Entre los principales reparos del ente fiscalizador figuran las actividades de coaching ontológico por más de $31 millones, que habrían tenido contenido político, además de otros contratos sin documentación que respalde el cumplimiento de los mismos, y la idoneidad de una consultora contratada. Esta última es AJEM Asesores y Consultores Limitada.