Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.
La cirugía de cadera de la madre de Ximena Aguilera, ministra de Salud, en el Hospital del Salvador ha generado polémica entre los legisladores sobre los criterios de priorización en el sistema público. La paciente de 87 años fue intervenida en poco más de 10 horas, con decisiones administrativas que alteraron el protocolo habitual de espera, lo que provocó reacciones en el Congreso. Parlamentarios como Henry Leal de la UDI y Héctor Barría de la DC piden transparencia y posibles sanciones. La diputada Nathalie Castillo del PC llama a cautela y transparencia, argumentando que se deben conocer los criterios clínicos.
Diputados emplazaron al Ministerio de Salud y al Hospital del Salvador a dar explicaciones por la intervención quirúrgica que se realizó a la madre de la ministra Ximena Aguilera, que por orden administrativa fue operada a solo 10 horas de su ingreso y alterando el orden de las cirugías ya programadas. Desde el Minsal afirmaron que no se referirán al caso y solo se limitaron a decir que el criterio médico para la atención se basó en la urgencia de la fractura con que llegó la adulta mayor al centro de salud.
La cirugía de cadera realizada a la madre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, en el Hospital del Salvador, generó cuestionamientos en el ámbito político y abrió un debate sobre los criterios de priorización en el sistema público.
El caso se instaló tras conocerse que la paciente, de 87 años, ingresó el 23 de diciembre con una fractura y fue intervenida en un plazo de poco más de 10 horas, lo que llevó a parlamentarios a pedir explicaciones y a plantear la necesidad de esclarecer si se siguieron los protocolos habituales.
Registros internos del hospital consignan que la cirugía se concretó tras una decisión administrativa que alteró el orden de procedimientos ya programados, y que la paciente habría ingresado a pabellón sin completar trámites administrativos habituales, lo que contrasta con la experiencia de otros pacientes con diagnósticos similares, que suelen esperar horas o incluso días para ser operados, según fuentes del propio recinto hospitalario.
El caso generó inmediatas reacciones en el Congreso. El diputado y jefe de bancada UDI, Henry Leal, sostuvo que, aunque entiende el plano humano, “cuando se está en un cargo público se debe privilegiar el interés general”, y advirtió que usar el aparato del Estado para beneficiar a familiares no corresponde, emplazando a que la ministra de Salud entregue una explicación y a que se asuman responsabilidades administrativas si hubo irregularidades.
Desde la Democracia Cristiana, su jefe de bancada, Héctor Barría, subrayó la necesidad de actuar con máxima probidad y transparencia, recalcando que cualquier señal que afecte la confianza en el sistema de salud debe ser investigada a fondo.
En esa línea, pidió sumarios administrativos para determinar eventuales sanciones y aseguró que estarán atentos a las medidas que se adopten.
Llamado a la cautela y la transparencia
Una mirada distinta expresó la diputada del Partido Comunista, Nathalie Castillo, quien llamó a la cautela. Y si bien reconoció la sensibilidad social que generan las listas de espera, sostuvo que no puede afirmarse categóricamente que haya existido un “salto de fila” sin conocer los criterios clínicos que motivaron la intervención.
A su juicio, corresponde al propio hospital transparentar si la cirugía respondió exclusivamente a una indicación médica fundada, resguardando la fe pública y la igualdad de acceso.
Desde el Ministerio de Salud se ha señalado que se trató de una cirugía de urgencia, aunque al interior del establecimiento reconocen que casos similares no siempre reciben la misma celeridad.
Por ello, la polémica vuelve a instalar el debate sobre equidad en el acceso a la salud pública, especialmente cuando involucra a familiares de altas autoridades del Estado.
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