Carabineros realizó diversas diligencias este lunes, en las oficinas del Gobierno de Santiago y en la casa del gobernador Claudio Orrego. La autoridad está cuestionada por eventual uso de fondos públicos para su campaña a la reelección.
Se trata de una indagatoria que es liderada por la Fiscalía Oriente.
Esta nació luego que la Contraloría emitiera un informe que tiene a la autoridad regional con riesgo de terminar siendo destituido a petición de consejeros regionales de la oposición.
Orrego entregó sus aparatos electrónicos
La mañana de este lunes se iba a materializar una orden de entrada y registro, tanto en las oficinas del Gobierno de Santiago como en la casa de Orrego.
Sin embargo, finalmente esta no se materializó, porque Orrego y su defensa penal concretaron la entrega voluntaria de lo solicitado al OS7 de Carabineros.
Esto último fue confirmado por la Fiscalía Oriente.
Mediante un comunicado, Orrego también confirmó que no hubo un allanamiento, sino que entregó de forma voluntaria su celular y sus dispositivos electrónicos. Lo mismo realizó su equipo.
“De la misma forma, su equipo accedió a entregarlos de forma voluntaria, como le fuera expresado la semana pasada a la Fiscalía, por los abogados del Gobernador”, agregó.
Los cuestionamientos de Contraloría
Contraloría emitió un informe donde cuestionó a varias gobernaciones del país, por el mal uso de fondos públicos. Una de las apuntadas era la gestión de Claudio Orrego en el Gobierno de Santiago.
El organismo persecutor centró su informe en cuatro puntos críticos. El primero de ellos corresponde a una serie de actividades de coaching ontológico, contratadas por un monto que supera los $31 millones. Dichos contenidos estarían relacionados con su campaña a la reelección.
También se reportó la compra de bienes y servicios de consumo por más de $51 millones a través de trato directo, sin que existan documentos que acrediten el cumplimiento de esos contratos.
Junto con ello, se cuestionó la contratación de una empresa consultora por $46 millones, de la cual no hay antecedentes que respalden la ejecución de los servicios comprometidos.
Finalmente, se cuestiona un contrato por $109 millones con otra consultora, cuya idoneidad no fue acreditada adecuadamente por el organismo fiscalizador.
Todo esto motivó a que los consejeros regionales del Partido Republicano y de la UDI anunciaran que irán al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para solicitar su destitución.
Pero el informe de Contraloría no es lo único. Orrego también ha sido cuestionado por sus vínculos con ProCultura y su fundador, Alberto Larraín, porque el gobierno regional suscribió un millonario acuerdo con la fundación para ejecutar el programa de salud mental Quédate.