Desde 2021, un edificio en la comuna de Quilicura, está ocupado de manera ilegal. Por la la nueva Ley de Usurpaciones, los dueños de la propiedad solicitaron al 2º Juzgado de Garantía de Santiago, que ya ordenó los arrestos, el desalojo de los ocupantes que están allá de manera ilegal con la ayuda de la fuerza pública.
En 2021 aparecieron las primeras carpas y luego después empezó el ingreso de material de construcción con la finalidad de levantar viviendas. Este año, durante el intenso debate de la nueva Ley de Usurpaciones, que fue publicada a fines de noviembre, ya había instaladas cerca de 60 familias en el edificio.
Con la vigencia de la nueva normativa, en la semana pasada sus dueños pidieron al 2º Juzgado de Garantía de Santiago, que ya ordenó los arrestos, el desalojo de los ocupantes que están allá de manera ilegal con la ayuda de la fuerza pública. La información es del diario El Mercurio.
Un total de diez imputados ya fueron formalizados por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Respecto a los otros indagados, todavía no ha sido posible ubicarlos.
Objetos inflamables
De acuerdo con los antecedentes reunidos en la indagatoria, en los terrenos de Sociedad Plásticos Pet S.A., existe peligro de incendio debido a que se encuentra en una zona industrial y por ubicarse entre dos empresas que trabajan con materiales inflamables.
La probabilidad de siniestro es un riesgo permanente, no solo en este, sino también en otros casos de ocupación ilegal, según el trámite judicial de la causa.
Así fue constatado el último mes en la Región del Biobío, donde debido a condiciones de precariedad al interior de una toma, hubo el fallecimiento de seis adultos y ocho niños producto de un incendio que arrasó dos viviendas situadas en un campamento del sector de Cerro Obligado, en la comuna de Coronel, por la inflamación de una estufa artesanal.
Además, durante el fin de semana, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) activó la condición “Botón Rojo” —el primero de la temporada 2023-2024— por el alto riesgo de incendio en seis regiones, entre la Metropolitana y La Araucanía, lo que —aunque no con foco en las tomas— enciende una nueva alerta.
Delito de usurpación
La fiscalía, por medio de la investigación, determinó que los hechos en Quilicura constituyen el delito de usurpación, previsto y sancionado en el artículo 457 y 458 del Código Penal. Ambas normas están entre las que fueron modificadas por la nueva Ley de Usurpaciones.
Ello, porque la empresa adquirió el terreno en 2010 y, de acuerdo con lo que relata por escrito la fiscalía, en marzo de 2021, “los imputados ya individualizados, junto con un grupo de alrededor de 40 familias, rompieron y traspasaron el cierre perimetral del inmueble (…) e hicieron ingreso al mismo, ocupándolo y permaneciendo en él hasta la fecha”.
“A partir de ese día, numerosas personas han llegado a los inmuebles (…) y se han instalado en los mismos”, dice el documento y agrega que “han llegado camiones con mercaderías y materiales de construcción, demostrando el claro interés de los ocupantes de instalarse definitivamente”.
Además, se recogieron las declaraciones de los afectados por la ocupación ilegal. Uno de ellos dice que, desde que tuvo inicio la toma, “se instalaron cuatro cámaras desde la fábrica en la que funciona la empresa, que colinda con el terreno en cuestión. A partir de las imágenes capturadas (…) se ha podido comprobar el avance de las construcciones”.
Un trabajador asegura que también se han realizado divisiones de los terrenos, “incluso han comenzado a instalar tuberías para establecer algún tipo de conexión a alcantarillado”.
