La Corte Suprema acogió el recurso de amparo presentado en favor de un ciudadano venezolano y anuló la resolución exenta de la Intendencia Metropolitana de Santiago que disponía su expulsión del país.
Se trata de un individuo que el 12 de abril de 2017 fue arrestado por su participación en un robo con intimidación. Posteriormente la justicia lo condenó a 3 años y 1 día de libertad vigilada intensiva.
En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal estableció que la resolución de la autoridad administrativa (Intendencia) es incompleta al fundar la expulsión en la condena que cumple en amparado, sin contar con los antecedentes de arraigo familiar y laboral.
“Que, la pena impuesta al amparado en su oportunidad, y que sirvió de fundamento para la dictación de la resolución exenta que por esta vía se impugna, la está cumpliendo satisfactoriamente a través de una pena sustitutiva, como lo es la libertad vigilada intensiva”, plantea el fallo.
La resolución agrega: “Que, para los efectos de dictar la resolución que dispuso la expulsión del amparado, no se contó con los antecedentes pertinentes para demostrar su arraigo”. Esto último, porque en el país reside su hermano y su actual pareja, ambos también venezolanos.
La resolución plantea que la expulsión del ciudadano venezolano, y la consecuente prohibición de ingreso al país, se funda únicamente en criterios de seguridad formales y no en una certeza en cuanto a que la presencia en el país del amparado resulte perjudicial para los intereses nacionales.
Con el pronunciamiento del máximo tribunal se deja sin efecto el decreto de expulsión, por lo que podrá continuar cumpliendo en Chile con su condena a libertad vigilada intensiva hasta fines de este año.
