El homicidio frustrado de Luciano Rendón continúa haciendo eco en la arena política 9 años después de ocurrido. A la fecha, uno de los cuatro atacantes condenados por el hecho continúa prófugo de la justicia y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública no ha dado respuesta a reiterados oficios de dos diputados que buscan respuestas en nombre de la familia afectada.
Fue durante la madrugada del sábado 27 de octubre de 2012 cuando el joven sufrió una brutal golpiza por brigadistas al ser sorprendido descolgando propaganda electoral de las elecciones municipales en Peñalolén, en un hecho por el cual 4 individuos fueron condenados por el delito de homicidio frustrado en mayo de 2018.
Después del ataque Rendón estuvo en riesgo vital y tuvo que ser sometido a varias intervenciones quirúrgicas, aunque nunca pudo retomar su vida normal según cuentan desde su entorno familiar a BioBioChile.
Tres años después de la condena que dictó el 7º Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, confirmada por la Corte de Apelaciones capitalina, Juan Francisco Gómez Arévalo continúa prófugo de la justicia, misma situación en la que estuvieron otros dos de los implicados, capturados varios meses más tarde por Carabineros y la PDI.
Oficios ignorados
En abril de 2019, cuando los prófugos aún eran dos, el diputado Gonzalo Winter ofició al Ministerio del Interior para conocer los motivos por los que todavía no se daba cumplimiento a la pena impuesta por el 7º TOP capitalino, solicitando detalle de las diligencias que las policías estaban llevando a cabo para dar con el paradero de los condenados.
Si bien la PDI logró capturar ese mismo año a Manuel Ortiz, nada se sabe hasta ahora de Juan Gómez, quien fue condenado a 5 años de presidio menor en su grado máximo como autor del delito de homicidio frustrado en contra de Luciano Rendón.
Interior jamás respondió ese primer oficio del congresista, por lo que el 9 de septiembre fue el diputado Giorgio Jackson quien realizó la misma gestión esperando tener mejor suerte. Tampoco tuvo resultados positivos.
El 13 de enero de este año Jackson ingresó nuevamente el oficio, pero la suerte tampoco lo acompañó. El 10 de marzo la solicitud fue dirigida al subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, en su calidad de jefe de servicio y hasta ahora no hay respuesta.
En este escenario ambos parlamentarios decidieron recurrir a una nueva instancia que podría tener consecuencias al interior de la cartera que lidera Rodrigo Delgado.
Argumentando los hechos anteriormente descritos, este jueves ingresaron a la Contraloría General de la República una solicitud de pronunciamiento, para que el ente contralor instruya un sumario administrativo para encontrar responsabilidades.
“Venimos en solicitar a este organismo que realice un pronunciamiento jurídico y que instruya iniciar procedimiento administrativo sancionatorio contemplado en el articulo 10 de la Ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional contra el Ministerio del Interior y Seguridad Pública”, reza parte del documento al que tuvo acceso la Unidad de Reportajes de BioBioChile y por intermedio del cual se buscan sanciones administrativas.
Desde Contraloría confirmaron a nuestro medio que la solicitud de pronunciamiento deberá ser revisada por el equipo jurídico del órgano, desde donde eventualmente se requerirán antecedentes directamente a la cartera de Gobierno.
BioBioChile se contactó con el Ministerio de Interior, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
