El acalde de Conchalí, René de la Vega, atribuyó a “presiones políticas” la solicitud ingresada a Contraloría para que lo investiguen por el presunto uso indebido de recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP).

En concreto, el diputado Boris Barrera (PC) y el director de la Corporación Municipal de la comuna, Víctor Hugo Pérez, piden al contralor un pronunciamiento sobre las atribuciones que tiene la autoridad municipal para hacer uso de recursos destinados a fines no contemplados en la ley N° 20.248, como la confección de mascarillas reutilizables, calendarios y pago de remuneraciones, entre otros.

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Ante lo anterior, el jefe comunal aseguró, a través de un comunicado, que las compras y pagos se ajustan “a los protocolos del Ministerio de Educación y respalda la Superintendencia de Educación quién revisó, verificó y aprobó como gasto”.

“Tenemos todos los respaldos, cada gasto de la subvención está ajustado a los dictámenes y normativa de la superintendencia, esto además nos permitió mejorar la infraestructura de nuestras escuelas y liceos, lo que es visible y que toda nuestra comunidad educativa puede constatar”, precisó el jefe comunal.

A su juicio, la denuncia son “actos propios de presiones políticas de candidatos al sillón edilicio, lo que busca desacreditar la gestión actual”.

Para finalizar afirmó que buscan generar “desinformación en nuestros vecinos y vecinas, que han visto como finalmente tras años de abandono de nuestras escuelas y liceos, hoy lucen dignos para nuestros niños, niñas y adolescentes, lo cual hemos demostrado a través de una gestión honesta, eficiente, transparente y participativa”.